AP.- La leyenda se repite en mayúsculas: PROYECTIL POR ARMA DE FUEGO. Aunque en algunas páginas se limitan a poner las iniciales PAF, ese es el diagnóstico de muerte en las autopsias de 30 manifestantes fallecidos, más de la mitad de los 49 civiles caídos en enfrentamientos con la fuerza pública en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en Perú entre diciembre y febrero.
The Associated Press revisó los informes forenses de 32 de las víctimas por enfrentamientos con las fuerzas del orden y, salvo en dos casos, todos atribuyen las muertes a esa frase, lo que apunta al uso de armas letales en la contención de las protestas.
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Las necropsias detallan los daños causados por los impactos y tres de ellas también dan cuenta de los calibres de las balas, dado que aún se encontraban en los cuerpos. Coinciden con las que utilizan las armas de las fuerzas de seguridad peruanas, como los fusiles AKM con calibre 7.62 mm y las pistolas 9 mm Beretta y Sauer, de acuerdo con un documento al que tuvo acceso la AP que enlista las armas disponibles en una comisaría de Juliaca.
Esto, según expertos consultados, apunta a que policías y soldados que reprimieron las manifestaciones incurrieron en uso excesivo de la fuerza y fueron en contra de sus manuales de operación que prohíben disparar directamente contra los manifestantes, salvo en el caso extremo de amenaza para su vida.
El gobierno ha negado abusos, pero organismos internacionales, como el alto comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han iniciado sus propias revisiones sobre el uso desproporcionado de la fuerza.
En videos de las manifestaciones en las principales ciudades de Perú, policías y soldados fueron captados en distintos momentos mientras apuntan y disparan contra los manifestantes.
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Las autopsias van acompañadas de algunas imágenes que refuerzan la idea del daño que causan las balas de alto calibre. Se realizaron por el Instituto de Medicina Legal, en los hospitales de Andahuaylas, de Ayacucho y en el Carlos Monge Medrano, de Juliaca, los tres en el sur de Perú y en donde se registraron las manifestaciones con más víctimas.
Cada necropsia abunda en el tipo de herida que causó la muerte. Por ejemplo, Roger Rolando Cayo Sacaca, manifestante de 25 años, falleció el 9 de enero en Juliaca como resultado de una “herida ocular penetrante por disparo de arma de fuego a larga distancia, produciendo hemorragia cerebral y edema cerebral”.
El cuerpo de Cristian Armando Mamani Hancco, músico de 22 años, presentaba “orificio de entrada y de salida de PAF” y, según su autopsia, el proyectil, que ya no se encontraba en el cuerpo, lo que impide conocer el calibre. Fue otra de las víctimas de las protestas en Juliaca del 9 de enero.
Cuestionamientos por el uso de fuerza
Dos días después de los enfrentamientos en Juliaca, en los que también murió un policía quemado en su vehículo, la fiscalía abrió una investigación por presunto “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”, en la que incluyó a la presidenta Boluarte y varios ministros.
La mandataria aún no ha declarado en esa investigación. Sin embargo, el primer ministro Alberto Otárola dijo en febrero al fiscal, en un documento visto por AP, que le recordó por WhatsApp al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez, que “la prioridad es la vida de los ciudadanos”.
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Boluarte tampoco contestó en enero en una conferencia cuando la AP le preguntó si, como jefa de fuerzas armadas y policiales, había ordenado no usar armas letales contra manifestantes.
Por el contrario, resaltó la “inmaculada” conducta de los agentes a los que premió con un bono. Achacó la virulencia de las protestas a “radicales” y los relacionó sin ofrecer pruebas con el narcotráfico, minería ilegal y contrabando.
Los cuestionamientos sobre el proceder de los uniformados se elevaron a medida que aumentaban los muertos y pasaron de las quejas de los manifestantes al escrutinio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas.
En total, en Perú han muerto 67 personas desde que iniciaron las protestas, según la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, el número de civiles muertos directamente en enfrentamientos con las fuerzas del orden es de 49. El resto son un policía, seis militares y 11 civiles más que fallecieron en bloqueos o en un contexto relacionado con las protestas, pero no por choques con la fuerza pública.
