En México es poco claro quién es el responsable de la política migratoria, aseguró Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración A.C, una de las organizaciones que puso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de 39 migrantes en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua.
“Bajo la ley orgánica de Segob (Secretaría de Gobernación), sigue siendo Segob quien tiene la responsabilidad. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha tenido el poder fáctico en este sexenio”, dijo la especialista en entrevista con Claudio Ochoa para Latinus Diario.
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El Instituto para las Mujeres en la Migración A.C, en conjunto con otras organizaciones, puso la denuncia penal el pasado 31 de marzo contra Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador González Guerrero, titular de la oficina de representación en Chihuahua y militar en retiro, y demás implicados por los delitos de homicidio y lesiones.
“No es nuestra responsabilidad nombrar a las personas, sino nombrar que esto fue un delito del Estado y son las personas de más alto nivel, quienes debería de tomar las responsabilidades”, dijo Kunhner al ser cuestionada sobre si la denuncia también involucra a Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, respectivamente.
Sin embargo, la especialista destacó que una de las razones por la que pusieron la denuncia es porque hay un patrón “primero los políticos se echan la pelota (…) y quienes acaban en la cárcel son las personas de cadena de mando, que estuvieran ahí, los guardias, los agentes del INM”.
“Hicimos una lista de 39 actos de investigación que deberían llevar a cabo dentro de la investigación y también insistir en que son las personas responsables de la política migratoria dentro de México, quienes deberían de ser los responsables, porque esto no es un acto aislado”, acusó.
Por otra parte, Kuhner recordó que desde hace varios años han documentado abusos en las estaciones migratorias y por ley, la detención migratoria debe ser el último recurso.
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“El INM no tiene la capacidad de detener conforme a derechos humanos, es una criminalización de la población migrante y si no tienen la capacidad, hay que cerrar estas cárceles migratorias”, finalizó.
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