EFE.– El pleno del Senado de Florida comenzó a debatir el jueves un proyecto de ley para limitar el aborto legal a las primeras seis semanas de embarazo, un periodo en el que, según los detractores a la medida, muchas mujeres no saben ni siquiera que están embarazadas.
Se tenía previsto que la propuesta SB 300, que tiene su correspondiente texto en la Cámara de Representantes, fuera votada el jueves. Si se aprueba, sólo faltaría para su validez la firma del gobernador Ron DeSantis, que ha dicho ser favorable a la iniciativa.
Te interesa: DeSantis afirma que Florida no extraditará a Trump a Nueva York para ser enjuiciado
DeSantis promulgó el año pasado otra ley que redujo de 24 a 15 semanas de embarazo el límite para poder abortar legalmente y levantó una fuerte polémica.
Denominada oficialmente propuesta de ley de Apoyo al Embarazo y la Crianza, sus defensores la llaman ley de latidos del corazón, porque es a las seis semanas de gestación cuando se pueden empezar a escuchar los del feto.
El proyecto contempla una excepción para salvar la vida de la persona embarazada, así como en el caso de embarazo causado por violación o incesto, hasta las 15 semanas de gestación.
En estos dos casos, las embarazadas tendrían que aportar documentación como historial clínico, orden de alejamiento o un informe policial para demostrar que son víctimas.
A la hora de votar la nueva propuesta, los republicanos, que dominan las dos cámaras del Congreso de Florida, van a tener un voto menos a favor, pues la senadora Alexis Calatayud, de esa formación, se opone a la nueva restricción.
Sigue leyendo: Gobierno de Biden critica proyecto de Ron DeSantis que reduce a seis semanas el derecho al aborto en Florida
Calatayud explicó que prometió a los que la eligieron que iba a defender el límite de 15 semanas de embarazo y lucharía para que se incorporaran a la ley excepciones como el incesto.
El proyecto de ley SB 300 prohíbe el uso de servicios de telesalud para abortos y requiere que cualquier medicamento que induzca el aborto sea proporcionado personalmente por un médico.
También prohíbe que cualquier persona, institución educativa y entidad gubernamental gaste fondos estatales para permitir que una persona viaje a otro estado para realizarse un aborto.
