Por Tania Rosas
El excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén, consideró que es tiempo de que el presidente Andrés Manuel López Obrador rectifique y ponga los derechos humanos en el eje de las decisiones de política migratoria, en lugar de la militarización.
En entrevista con Latinus, el extitular del INM al inicio del sexenio de López Obrador, consideró que el gobierno federal debe entender que los migrantes ya no persiguen el “sueño americano”, sino que “tienen un perfil que amerita protección internacional, ya que son personas que vienen huyendo, que están en la necesidad de proteger su vida”.
Por este cambio de perfil del migrante, dijo, la institución que se debe fortalecer no es el INM, sino la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Para 2023, el Instituto Nacional de Migración tiene etiquetados mil 769 millones de pesos, un presupuesto más bajo que el de hace 10 años, el cual fue de mil 893 millones de pesos. En 2014, esta institución tuvo un presupuesto histórico de 2 mil 102 millones de pesos.
“El incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que provocó la muerte de 39 personas, nos dice que es tiempo de rectificar la política migratoria. La militarización es la política dura que lleva implícito el desplazamiento del principio de derechos humanos, la detención sin importar de quién se trate, cuál sea su perfil o de cuáles sean sus necesidades”, recalcó.
El profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM dijo que el gobierno debe deslindar responsabilidades directas e indirectas de lo sucedido en Ciudad Juárez, pero, admitió, no tiene confianza en esta administración.
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“Soy pesimista, sobre todo porque las primeras reacciones del gobierno fueron minimizar lo sucedido. Y luego, la Fiscalía (General de la República) no ha dado señales todavía, espero que las dé bien. Y, pues, instituciones como la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) desde hace rato que las perdimos, tampoco van a hacer gran cosa”, lamentó.
Guillén López, quien renunció al cargo de comisionado del INM tras oponerse a la militarización, dijo que al inicio del sexenio, el presidente reivindicó la política migratoria porque se privilegió el respeto a los derechos humanos del migrante; sin embargo, esa concepción tuvo resistencias “muy poderosas”.
“Entonces era la posición correcta y avanzó poco y enfrentó oposiciones muy poderosas, en particular la de Estados Unidos y del gobierno de Donald Trump. Y cuando esa oposición se convirtió en presión y en acuerdos que hacía la Cancillería con el gobierno de Estados Unidos, se optó por la militarización e incorporar a la Guardia Nacional en el control migratorio. Entonces, el ‘proyecto A’ perdió y se privilegió el lado de la contención, la disuasión, la detención y la expulsión”, subrayó.
