Diputados del PAN y el PRI interpusieron una denuncia administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en contra del juez Faustino Gutiérrez, de Tamaulipas, a quien acusan de conceder amparos a modo a favor del gobernador de Nuevo León, Samuel García.
La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas y el diputado José Luis Garza Ochoa, en representación de los Diputados Federales de Nuevo León, del PAN y PRI, interpusieron la denuncia administrativa, en contra del Faustino Gutiérrez Pérez, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el estado de Tamaulipas.
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“No podemos permitir que haya un atropello o que pasen por encima de la división de Poderes, pero, además, hoy nos preocupa y creemos que debe llamar la atención del Poder Judicial, que sea un juez el que otorgue un amparo y una suspensión al gobernador”, refirió la diputada panista en un comunicado.
“Tendrá el juez que demostrar el interés jurídico, ¿por qué un juez de la Tamaulipas dicta una suspensión en temas que tienen que ver sólo en Nuevo León?”, agregó el diputado José Luis Garza.
Los diputados, quienes presentaron la denuncia a nombre de los diputados de Nuevo León, aseguran que el juez se extralimitó en sus funciones, contraviniendo con su resolución incidental, porque ordenó suspender las potestades y atribuciones constitucionales del Poder Legislativo local.
Acusaron al gobernador Samuel García de perseguir por la vía penal, administrativa y fiscal a los diputados que no coinciden con él y de permanentemente buscar cooptar por vías cuestionables a quienes fueron electos por partidos diversos al del mandatario estatal.
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Expresaron que el gobernador incumple con su obligación de presentar el presupuesto en tiempo y forma para evitar que el Congreso determine lo conducente en la materia.
Agregaron que el mandatario de Nuevo León forzó la renuncia de un fiscal y bloqueó el nombramiento del nuevo.
“Mentir diciéndole que se le quería deportar para dar competencia a un juez de distrito de Tamaulipas de muy dudosa reputación, para suspender el juicio político por algunos de estos incumplimientos”, indicaron.
Aseveraron que “el mismo juez dijo que para seguir asumiendo competencia, que la reforma a la Constitución era para facilitar separarlo del cargo en dicho juicio político y así aceptar una ampliación de la demanda y una nueva suspensión donde literalmente dice el Congreso no puede cambiar ninguna regla que afecte la competencia del Ejecutivo y modifique el estado de cosas de cómo recibió el poder”.
