La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reparar el daño a una mujer y a su hija, quienes fueron detenidas arbitrariamente y abusadas sexualmente por militares en el municipio de Ecuandureo, Michoacán, el año pasado.
En un comunicado, el organismo detalló que recibió una queja de una mujer, quien narró que la mañana del 23 de enero de 2022 estaba trabajando, en compañía de sus tres hijas, cuando una camioneta de la Sedena se acercó y militares la comenzaron a acosar verbalmente.
Ante la situación, la mujer los grabó con su teléfono celular, por lo que los militares la jalonearon, junto con sus hijas, y la llevaron a un camino de terracería, donde comenzaron a tocarla.
Además, los militares amenazaron a la mujer con abusar sexualmente de su hija adolescente si no les entregaba el celular, por lo que lo entregó. Sin embargo, los soldados tocaron a la joven hasta que recibieron una llamada y se retiraron, detalló la CNDH.
Posteriormente, la mujer reportó la pérdida de su celular ante la compañía y fue localizado en el decimoséptimo Batallón de la Sedena, ubicado en el municipio de Zamora. En el lugar también estaba la camioneta donde viajaban los militares que la agredieron.
Al investigar el caso, el organismo analizó diversas pruebas que permitieron determinar que elementos de dicho Batallón de Infantería estuvieron involucrados en los hechos que denunció la mujer.
La CNDH determinó que los militares vulneraron los derechos humanos a la libertad, integridad y seguridad personal por retención ilegal, además de que incurrieron en omisiones en garantizar el interés superior de la niñez.
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Por lo anterior, el organismo pidió a Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, inscribir a las víctimas en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y proceder a la reparación del daño, lo que incluye una compensación, atención médica y psicológica, además de otorgar becas a las hijas de la mujer hasta el término de su educación superior.
Además, la Sedena deberá dar seguimiento y colaborar en la carpeta de investigación que se inició en la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso, de acuerdo con la recomendación 18/2023.
