Por Jorge Cisneros M.
En los ensayos y exposiciones de motivos que aspirantes a consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) entregaron al Comité Técnico Evaluador quedaron plasmadas tanto sus propuestas para actualizar al organismo, como su convicción de que debe adoptar las medidas de austeridad impulsadas por el gobierno federal.
Al revisar los escritos entregados por algunos de los aspirantes que obtuvieron las calificaciones más altas en el examen, se aprecia que dos funcionarios del gobierno federal: Armando Ocampo, y Arturo Ranmsés Ruiz, especialistas en derecho fiscal, proponen reforzar ese rubro para evitar que organizaciones criminales sean financiadores de actividades electorales.
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En su exposición de motivos, Ruiz Cázares, uno de los funcionarios que señaló que su maestría en Inteligencia para la seguridad nacional, impartida por el Centro de Investigaciones en Seguridad Nacional (Cisen), que fue remplazado por el Centro Nacional de Inteligencia, acredita su capacidad técnica y jurídica “en el análisis de operaciones que emplea el sistema financiero. En tareas de generación y sistematización de inteligencia para la seguridad nacional y persecución de los ilícitos”.
El subprocurador fiscal de asuntos financieros en la Procuraduría Fiscal de la Federación plantea en su texto que se requiere de “una nueva perspectiva que atienda a las nuevas formas en que se transgrede el orden jurídico mexicano en materia constitucional electoral, lo mismo que en el ámbito penal mediante la utilización de las instituciones del sistema financiero para proveer de recursos de manera ilícita a las campañas electorales”.
Fiscalista como Ruiz, Armando Ocampo plantea, para mejorar el INE, concretar la “reciente reforma electoral al interior del máximo órgano electoral administrativo de nuestro país, en estricta legalidad y certeza, para con todos los involucrados con apego a las garantías laborales y de derechos humanos”.
Su propuesta es actualizar y mejorar los procesos de fiscalización y transparencia en materia electoral a través de acuerdos con organismos nacionales e internacionales que apoyen en los procesos de fiscalización, auditoría y supervisión del instituto.
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Camiseta de Morena
Tres de las cinco mujeres con mayor número de aciertos en el examen adoptan, con diferentes matices, el discurso del gobierno en el sentido de que debe reducirse el gasto del INE.
Bertha Alcalde, funcionaria de la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos de Salud (Cofepris), y ex servidora de la Secretaría de Bienestar, reconoce que durante su vida profesional ha ocupado tareas diversas, ya que su especialidad es el derecho penal y la procuración de justicia, sin embargo, “mi vida académica y profesional que, si bien ha dado importantes giros, tiene la constante de estar inmersa en importantes procesos transformadores de la vida pública de nuestro país, lo que me da solvencia técnica y moral para participar en esta tarea”.
Alcalde, hermana de la secretaria del Trabajo, reconoce el papel del INE en la edificación de un país mejor y anota que deben conservarse los avances logrados hasta ahora, pero dice que es necesario mejorar el gasto del instituto y hacerlo más eficiente.
En el ensayo habla de la legitimidad alcanzada por el INE y su aportación a la vida democrática del país, pero enfatiza que la política de austeridad y racionalización del gasto han estado en el centro de la discusión pública nacional y, por tanto, es necesario aplicarlas al instituto.
Susana Mercado Alvarado, quien ocupó cargos en la Secretaría de la Función Pública y Relaciones Exteriores en este gobierno, además de haber registrado la marca “TeAMLO” y “MegustaAMLO”, logró la cuarta puntuación más alta en la prueba de conocimientos.
En su exposición señaló que “si bien el INE es un órgano constitucionalmente autónomo y altamente técnico por su complejidad operativa y por lo basto (sic) de su normatividad que regula su funcionamiento; lo anterior, no es excusa para brindar este servicio público usando un lenguaje no inclusivo y complejo, alejado y ajeno a la ciudadanía”.
En su ensayo señala que la misión del INE es mantener y proteger el equilibrio entre actores, la competencia justa y equitativa en las contiendas electorales y el uso transparente de recursos públicos, pero sostiene que la institución ha perdido la confianza de la ciudadanía y debe trabajarse para recuperarla.
“De forma que la importancia de qué (sic) los ciudadanos mexicanos pueden seguir depositando su confianza o la recuperen respecto de la autoridad electoral, es por su propia naturaleza, elemento esencial que dará legitimidad y eficacia a la democracia que guíe el INE en el futuro”.
Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien fue diputada por el PT entre 2009 y 2012, y actualmente es directora del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, se presentó como aspirante a presidir el INE; al igual que Bertha Alcalde.
En su texto de presentación señala que en 1988 fue uno de los millones de ciudadanos entristecidos por la “consumación del fraude electoral”. En ese año, Manuel Bartlett, hoy director de la Comisión Federal de Electricidad, era secretario de Gobernación y responsable de la organización de las elecciones.
“Por las experiencias vividas en los procesos electorales de 1988 a 2021, considero muy importante impulsar iniciativas que brinden a la ciudadanía mayor certeza sobre los resultados electorales y se organicen jornadas electorales cada vez con mayor imparcialidad y participación ciudadana (…) para ello es muy importante impulsar amplios procesos de educación cívica y en derechos humanos para la democracia”.
