Edmundo Jacobo Molina regresó este lunes como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) luego de que una jueza le concedió una medida cautelar para que se mantenga en el cargo, en lo que resuelve el juicio de amparo que promovió el funcionario contra el artículo del plan B electoral que provocó que fuera cesado.
“Contento sobre todo porque se restablece el Estado de derecho ante una flagrante arbitrariedad, ilegalidad, inconstitucionalidad del llamado plan B”, dijo el funcionario este lunes por su regreso al INE en entrevista con Claudio Ochoa para Latinus Diario.
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Jacobo Molina explicó que la suspensión definitiva que le concedió la jueza tiene como efecto que no se aplique el artículo 17 transitorio del plan B por el que fue destituido, luego de que promovió un amparo para frenar su cese.
Lo anterior, en tanto la jueza resuelve el fondo del asunto y determina sí fue inconstitucional su destitución. “Mientras tanto se inaplica el artículo por el cual se me destituye y yo regreso a mi posición”, celebró.
Al igual que el mensaje que dió ayer el presidente del INE, Lorenzo Córdova, el secretario dijo que la resolución judicial que lo favorece es una de las “primeras batallas” que ha interpuesto el órgano electoral.
“Sin duda es un paso importante para las y los trabajadores del INE, pero en general en toda esta lucha que tenemos que dar para que las elecciones dejen de ser un problema, como lo ha dejado de ser hace 30 años y que la paz que deriva de elecciones bien organizadas, con certeza, siga prevaleciendo en el país”, aseveró.
El viernes 10 de marzo, la jueza Blanca Lobo Domínguez, titular del Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió una suspensión definitiva a Jacobo Molina contra su destitución.
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La suspensión tiene el efecto de que el quejoso continúe como secretario ejecutivo del INE, además de que las autoridades se deben de abstener de destituirlo.
Aunque Jacobo Molina regresa al INE deberá acatar las funciones que establece el plan B, que entró en vigor el pasado 2 de marzo.
La jueza programó para el 28 de abril la audiencia constitucional en la que definirá si concede el amparo al funcionario, de acuerdo con el expediente 439/2023.
