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EFE.- El expresidente peruano Pedro Castillo, a quien un juez de su país ordenó mantener en prisión preventiva durante 36 meses por su fallido autogolpe de Estado en diciembre de 2022, mientras es investigado por un caso de corrupción, se une a una lista de mandatarios y exmandatarios latinoamericanos condenados o que han ido a prisión por diferentes delitos.
En la numerosa lista figuran presidentes como el panameño Luis Eduardo Noriega, el peruano Alberto Fujimori y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
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Perú es el país con un mayor número de expresidentes juzgados y condenados. Alberto Fujimori, que llevó las riendas del país de 1990 a 2000, fue extraditado por Chile en septiembre de 2007. Fue encarcelado y condenado a una pena de 6 años en 2007 y a otras tres en 2009.
La investigación por los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht llevó ante la justicia a dos exmandatarios peruanos. Ollanta Humala (2011-2016) y su sucesor Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Ollanta Humala fue recluido junto a su esposa, Nadine Heredia, de manera preventiva en 2017 por ese escándalo. Kuczynski fue condenado a 3 años de prisión preventiva por su vinculación en el caso Odebrecht en abril de 2019.
Además, Alejandro Toledo (2001-2006), actualmente se encuentra en Estados Unidos, país que ha aprobado su extradición, también está acusado de recibir supuestamente sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Alan García, que fue presidente en dos ocasiones (1985-1990 y 2006-2011), se quitó la vida el 7 de abril de 2019 cuando iba a ser detenido en el marco del caso Oderbrecht.
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Centroamérica es la región con más condenados. Nueve presidentes de El Salvador, Guatemala, Panamá, Honduras y Nicaragua se han sentado en el banquillo de los acusados y han escuchado veredictos en contra.
Alfonso Portillo (2000-2004), encarcelado en Estados Unidos, Álvaro Colom (2008-2012) detenido y encarcelado en 2018 por su presunta relación con el caso de fraude y malversación, y Otto Pérez Molina (2012-2015), condenado a 16 años de prisión en 2022 por asociación ilícita y fraude aduanero, fueron los presidentes de Guatemala juzgados y condenados.
De la presidencia a los tribunales también pasaron los salvadoreños Francisco Flores (1999-2004), que fue trasladado a una prisión policial en 2014 y posteriormente a arresto domiciliario acusado de peculado y enriquecimiento ilícito. Antonio Saca (2004-09) fue a prisión en enero de 2017 por su relación con un caso de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero y malversación del presupuesto público.
En Panamá, Manuel Antonio Noriega falleció en la cárcel en 2017 cuando cumplía prisión, tras estar encarcelado 17 años en Estados Unidos y luego en Francia.
El otro mandatario panameño que pasó por la cárcel fue Ricardo Martinelli (2009-2014). Detenido en Estados Unidos, fue extraditado a Panamá en 2017 e ingresó en prisión.
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La lista de expresidentes centroamericanos la completan el hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado (2014-2022), extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos para enfrentarse a cargos de sobornos de narcotraficantes para fraude electoral; y Arnaldo Alemán, que estuvo al frente de Nicaragua entre 1997 y 2002, y en diciembre de 2003 fue condenado a 20 años de prisión por lavado de dinero y otros delitos.
Dos exmandatarios ecuatorianos han sido Juzgados y condenados. Abdalá Bucaram y Rafael Correa. El primero fue presidente entre 1996 y 1997, fue procesado por corrupción, difamación y estafa al Estado.
Por su parte, Rafael Correa (2007-2017) fue condenado en abril de 2020 a ocho años de prisión e inhabilitación política por un delito de cohecho en el caso “Sobornos 2012-2016”.
El histórico Lula da Silva, presidente brasileño en tres ocasiones, fue condenado a dos penas de 9 y 12 años por delitos de corrupción relacionados con la petrolera Petrobras en 2017 y 2019. Fue absuelto en 2021 tras dos años en prisión.
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Finalmente, Cristina Fernández, expresidenta argentina en dos mandatos (2007-2015) y actualmente vicepresidenta del país, fue condenada el 6 de diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitada a perpetuidad por las irregularidades en la concesión de obras.
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