Por Julio Astorga
La Corte Interamericana de Derechos Humanos llamó a presentar observaciones a la opinión consultiva que le presentó México sobre el tráfico de armas desde Estados Unidos y la posible responsabilidad por la violación a los derechos humanos que causa el uso de armas de fuego.
El 11 de noviembre del año pasado, el gobierno mexicano presentó la solicitud de opinión consultiva sobre las actividades de las empresas estadunidenses de armas que facilitan el tráfico ilícito y la disponibilidad indiscriminada de armamento en la sociedad, así como sus efectos en contra del derecho a la vida y la integridad personal.
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A través de una opinión consultiva, la Corte Interamericana asegura la protección de los derechos humanos mediante la interpretación y aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos y su compatibilidad con las normas internas de los países.
En su solicitud, México presentó cuatro cuestiones sobre la responsabilidad internacional por la comercialización de las armas y la omisión de los Estados al permitir el tráfico; y tres preguntas sobre la obligación de los Estados de garantizar el acceso a la justicia.
Una de las preguntas formuladas cuestiona la compatibilidad con la Convención Americana de las leyes que otorgan inmunidad a las empresas fabricantes y comercializadoras de armas frente a demandas de las víctimas.
En agosto de 2021, el Estado mexicano interpuso una demanda en cortes de Estados Unidos por 10 mil millones de dólares en contra de 11 empresas fabricantes de armas. En septiembre de 2022, un juez de distrito de Massachusetts la desechó argumentando que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, vigente en Estados Unidos, no permite que se demande responsabilidad civil a las empresas de armas.
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De acuerdo con los motivos expuestos por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para solicitar la consulta, más de medio millón de armas se trafican cada año desde Estados Unidos hacia México.
“Las empresas de armas en Estados Unidos tienen conocimiento del tráfico ilícito masivo”, acusó la Cancillería en su escrito.
