Por José Gerardo Mejía
Un grupo plural de diputadas presentó una iniciativa para que el tres de tres contra la violencia hacia las mujeres deje de ser un acto de buena fe y tenga efectos jurídicos contra aspirantes a cargos de elección popular.
En el documento se proponen cambios y adiciones porque dicho mecanismo, que se instrumentó para las elecciones del 2021, presenta problemas para su puesta en operación.
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“La medida está diseñada para tenerse por cumplida, únicamente a través de su presentación por medio de un escrito firmado bajo protesta de decir verdad y de buena fe por la persona aspirante a una candidatura a un cargo de elección popular”, indica el texto.
Las legisladoras que suscriben la iniciativa subrayaron que el mecanismo 3 de 3 contra la violencia “no genera ningún efecto jurídico, ni genera ninguna obligación por parte de quien aspira a ser candidato, a mostrar la evidencia de no estar incumpliendo ninguno de los supuestos mencionados”.
Las legisladoras que presentaron la iniciativa consideraron necesario elevar a rango constitucional la medida 3 de 3 contra la violencia y “establecerla como un requisito para ser registrado como candidata o candidato de elección popular, o ser nombrado para cualquier empleo o comisión en el servicio público”.
Las diputadas apuntaron que esto “otorgaría certeza a las víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de sus agresores, y representaría un avance significativo en la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres”.
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Se propone reformar el artículo 38 de la Constitución para suspender a aspirantes a cargos de elección popular “por tener sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales o supuestos, delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad y el normal desarrollo psicosexual”.
Además, a quienes tengan sentencia firme en casos de violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, o violencia política contra las mujeres en razón de género y por tener sentencia firme como persona deudora alimentaria, resalta la iniciativa.
Otra causa de suspensión de derechos sería “por tener sentencia firme como persona deudora alimentaria morosa”.
También se propuso modificar el artículo 102 de la Constitución en el que para ser titular de la Fiscalía General de la República se requiere: tener ciudadanía mexicana por nacimiento, “en ejercicio de sus derechos”.
Está previsto que esta iniciativa sea presentada y votada en el pleno la próxima semana.
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Las diputadas firmantes de la propuesta son: Aleida Alavez Ruiz, Erika Vanessa Del Castillo Ibarra, Salma Luévano Luna, y María Clemente García Moreno, de Morena
Mariana Erandi Nassar Piñeyro, Blanca María Del Socorro Alcalá Ruiz, diputadas del PRI; Lilia Aguilar Gil, Partido del Trabajo; Elizabeth Pérez Valdez del PRD y Amalia García de Movimiento Ciudadano.
