El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) afirmó que el plan B electoral contiene modificaciones contrarias a la Constitución y estimó que en los próximos meses se presentarán de cientos a miles de recursos contra la reforma.
El análisis “Radiografía del plan B: la reforma electoral de 2023 a examen”, también señala que en los próximos meses se vivirá un panorama incierto a la espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva los recursos presentados contra la reforma a leyes electorales.
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“El plan B del presidente López Obrador es un verdadero alud de inconstitucionalidades (…) sería la reforma electoral más regresiva en la historia de la democracia mexicana”, se lee en el documento.
El instituto destacó que “se avecina el litigio electoral más complejo de la historia constitucional” del país, un panorama no visto en al menos dos décadas y media frente a los próximos procesos electorales en el país, ya que esta reforma no deriva del acuerdo, sino de la “improvisación y la discordia”.
“Las autoridades electorales, los partidos políticos y la ciudadanía en general vivirán meses de incertidumbre sobre las condiciones que rigen la vida democrática y política de las y los mexicanos”, se lee en el análisis elaborado por los investigadores Javier Martín Reyes y María Marván Laborde.
Para el 2024, el estudio consideró que el INE y los OPLEs se enfrentarán a un “estrés desmedido” ante la reforma electoral, que no dará margen de error en la organización de la elección de todos los cargos federales de elección pública, entre estos la presidencia, nueve gubernaturas y los congresos de 30 estados.
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“Este retroceso político, el desmantelamiento y la destrucción, así como el desorden que se inyecta, afectan no sólo a una estructura institucional, un sistema nacional que funciona, instrumentos vitales o condiciones reales de competencia política: en conjunto, esas nuevas circunstancias, alteran, impiden, y vulneran la autenticidad del sufragio”, destacó.
Los investigadores explicaron que el plan B es regresivo porque elimina parte del servicio profesional electoral, permite la difusión de propaganda gubernamental prohibida, reduce las sanciones y afecta la capacidad de las autoridades electorales para castigar ilícitos.
“No exageramos cuando decimos que, de aplicarse, estaríamos frente a un retroceso de proporciones históricas y que pondría en riesgo la celebración de elecciones libres y auténticas. Los problemas prácticos que genera la reforma no son pocos”, indicó.
