Foto: Cuartoscuro
Por Julio Astorga
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la invalidez a la modificación que realizó el Congreso de Colima en marzo de 2022 a su código penal para ampliar el catálogo de delitos en ese estado que ameritaban la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, como medida cautelar.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió la acción de inconstitucionalidad 61/2022 en contra de la reforma al artículo 8 del código penal estatal de Colima, con la que se pretendió aumentar el número de delitos en los que procede la prisión preventiva oficiosa.
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Robo a casa habitación, violencia digital, inseminación artificial y lesiones fueron algunos de los delitos que se agregaron en la reforma del Congreso estatal.
El pleno aprobó por unanimidad el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
“La norma impugnada viola las facultades del Congreso de la Unión”, argumentó el ministro ponente.
Los ministros consideraron que los congresos locales no tienen facultades para legislar a fin de que se agreguen más delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, de lo que ya está contenido en el artículo 19 de la Constitución.
En la sesión estuvo ausente la ministra Yasmín Esquivel, luego de que el viernes de la semana pasada se revelara que cometió plagio también en la elaboración de su tesis doctoral.
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El diario El País reveló que Esquivel Mossa plagió también la tesis con la que obtuvo en 2009 el grado de Doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac.
Un total de 209 de las 456 páginas del trabajo de Esquivel corresponden a trabajos publicados antes por 12 autores.
El diario reportó que el plagio equivale al 46.5% de las páginas que contiene la tesis de Esquivel.
Tras la publicación del diario, el representante legal de la ministra aseguró que las omisiones en las citas de autores y errores en la redacción de su tesis doctoral son “deficiencias o descuidos” y no una forma de plagio.
En caso de que no se haya citado correctamente o existan similitudes en el contenido, estas deben entenderse como descuidos, señaló Alejandro Romano, el abogado de la ministra.
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