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Por Ana Lucía Hernández
En abril de 2022, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador —representado por el susbecretario Alejandro Encinas— inauguró el Centro Estatal de Identificación Forense y de Búsqueda en San Luis Potosí. Casi un año después, el centro está sin operar.
Latinus solicitó vía transparencia información sobre equipo, personal y número de restos identificados. Este jueves, Carlos Loret de Mola presentó la respuesta de las autoridades.
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En septiembre de 2022, cinco meses después de la inauguración del centro de identificación, la Comisión de Búsqueda aseguró que no había un organigrama, no había vacantes y que en el centro apenas laboraban tres personas.
En ese mismo mes clasificaron la información sobre número de cuerpos identificados en el centro, argumentando que “su publicación podría obstruir la persecución de hechos con apariencia de delito”.
Para el 15 de noviembre, la respuesta a otra solicitud de información fue que “no se cuenta con la infraestructura ni el equipo necesarios para el almacenamiento de cuerpos”.
Finalmente, en diciembre pasado, el propio comisionado estatal de búsqueda, Leobardo Aguilar —quien firmó las respuestas vía transparencia—, reconoció que el centro de Identificación no está completamente equipado.
Colectivos denuncian que el proyecto comenzó a desdibujarse con los cambios de titular en la comisión de búsqueda y la llegada de Ricardo Gallardo a la gubernatura de San Luis Potosí.
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Por ejemplo, se compró un secuenciador para procesar las muestras de ADN de menor capacidad a la requerida que, además, no funciona.
“Eso lo sabemos porque en la visita, delante del subsecretario de Derechos Humanos y de la comisionada nacional (Karla Quintana), a alguien se le sale ‘es que compraron el de cuatro, con el precio del de ocho’”, dijo Edith Pérez, presidenta de Voz y Dignidad por los Nuestros, en San Luis Potosí.
Familias de personas desaparecidas lamentan que cientos de restos humanos sigan almacenados y sobre todo, la simulación de un centro de identificación en un estado que, tan solo en 2022, confirmó el hallazgo de al menos 14 fosas clandestinas.
El 28 de abril, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob informó que en el centro se habían invertido alrededor de 63 millones de pesos. Además, el funcionario lo calificó como un proyecto único.
La apertura de este espacio, junto con el Centro Regional de Coahuila, sería la piedra angular de la estrategia del gobierno de López Obrador para atender la problemática de las 110 mil 600 desapariciones en México y los más de 50 mil cuerpos sin identificar en todo el país.
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