Organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron que la comunidad maya de Sitilpech, en Yucatán, fueron desalojados con violencia durante la madrugada de este sábado por 70 policías estatales y municipales del plantón que instalaron en el municipio de Izamal para exigir el cierre de una granja porcícola que contaminó el agua de su región y les ha provocado enfermedades.
A través de un comunicado, las organizaciones civiles La Esperanza de Sitilpech, Kanan Derechos Humanos y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible aseguraron que durante el desalojo del plantón la policía golpeó a mujeres, adultos mayores y menores de edad, todos integrantes de la comunidad maya, que se manifestaban pacíficamente.
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Además, explicaron que los uniformados usaron escudos y toletes contra las personas, a quienes les robaron diversas pertenencias, como sus teléfonos celulares, además dañaron sus motocicletas y vehículos.
Las organizaciones detallaron que el grupo de policías antimotines buscaron retirarlos para permitir el ingreso de un camión de la empresa porcícola Productos Pecuarios para Consumo, aparcera de Kekén, dedicada a la crianza de 50 mil cerdos en una granja en las inmediaciones de la comunidad.
El conflicto de los pobladores de Sitilpech con la granja comenzó en 2021, cuando los miembros de la comunidad maya presentaron una denuncia en contra de la empresa debido a que “vulneran sus derechos al medio ambiente, la salud, el territorio, la participación en la toma de decisiones, el consentimiento, y la libre determinación y autonomía del pueblo”.
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Pese a conseguir detener el funcionamiento de esta granja porcícola, su caso fue desechado por un Tribunal Colegiado, por lo que reinicio su funcionamiento a principios de febrero. Por esta razón, la comunidad de Sitilpech mantenía un plantón desde hace 10 días.
“El poder del empresariado porcícola en Yucatán logró que un Tribunal Colegiado, bajo propuesta del magistrado Jorge Enrique Eden Wynter García, desechara el caso judicial de la comunidad de forma arbitraria, permitiendo así el reinicio de operaciones de la mega granja”, denunciaron.
