EFE.- El proyecto de reforma del sistema de pensiones del presidente francés, Emmanuel Macron, llega este lunes a la Asamblea Nacional en medio de una enorme tensión política y social, con dos nuevas jornadas de movilización sindical en el horizonte.
El Ejecutivo deberá buscar en las cámaras la mayoría que el partido de Macron no tiene para sacar adelante un texto que obliga a los franceses a retrasar dos años su retiro, con el argumento promovido por el gobierno de que es la forma más justa de preservar un sistema abocado al déficit endémico.
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Los “macronistas” buscarán el respaldo de los conservadores tradicionales, favorables a alargar las carreras laborales, pero cautos ante el clima de hostilidad a la reforma que se ha generado en las últimas semanas.
Aunque el expresidente Nicolas Sarkozy, todavía muy influyente en la derecha francesa, se ha mostrado partidario de la reforma de Macron, los diputados prefieren guardarse cartas en la manga para una eventual negociación que no les diluya.
Una postura constructiva que el presidente no está encontrando en los otros dos grandes grupos de la Asamblea, la izquierda, que ha contraatacado con 20 mil enmiendas al texto que promete interminables debates, y la extrema derecha, que aguarda paciente a capitalizar el descontento de las calles.
La resistencia de la Cámara no será suficiente para impedir que en su interior se escuche el estruendo sindical contra un proyecto que eleva hasta los 64 la edad mínima de jubilación, a los 67 para cobrar el máximo, o que obliga a acumular 43 años cotizados para poder poner fin a la vida laboral.
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Un retroceso social que ha restablecido la unidad de los principales sindicatos del país, rota en los últimos años, y que ha devuelto a las calles de París las grandes manifestaciones y bloqueos en los transportes públicos.
Dos jornadas de huelga general en las últimas dos semanas han mostrado la fuerza de los sindicatos, que ya tienen convocada otra para este martes, a la que se sumará una nueva jornada de protestas el sábado próximo.
Mantener los 62 años como edad mínima de jubilación se han convertido en un icono para los representantes de los trabajadores y retrasarlo en la base central del proyecto del Ejecutivo, lo que dificulta encontrar terrenos de entendimiento.
