El Instituto Belisario Domínguez del Senado señaló que el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador se perfila a convertirse en la reforma electoral que será más impugnada ante el Poder Judicial, con recursos como juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
En un análisis, la Cámara Alta indicó que estos recursos se presentarán por la premura con la que se aprobó y sus alcances y repercusiones al diseño institucional para las elecciones en México.
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El documento señala que hasta este 1 de febrero se han presentado seis recursos contra este primer paquete de la reforma electoral, entre estos un juicio de amparo, cuatro acciones de inconstitucionalidad y una controversia constitucional.
El pasado 7 de diciembre, los legisladores de Movimiento Ciudadano presentaron un amparo ante un juzgado de distrito para declarar ilegal a la reforma electoral.
El 23 de enero el PAN y el PRD —por separado— presentaron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El 25 de enero, tanto los senadores del bloque de contención y los diputados de Va por México, también por separado, presentaron acciones de inconstitucionalidad.
Hasta el momento, la única controversia constitucional es la que presentó el pasado 1 de febrero el Instituto Nacional Electoral (INE).
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“El INE ha comenzado una intensa campaña para dar a conocer los efectos de la reforma electoral discutida por el congreso y ha anunciado que presentará recursos legales ante lo que considera la primera reforma regresiva de la democracia“, apuntó.
El Instituto Belisario Domínguez también consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver “a la brevedad” la constitucionalidad y validez del plan B; explicó que para que se considere inválida esta reforma se necesitan ocho de los 11 votos de los ministros.
“Corresponderá a la SCJN resolver estos litigios, de cara al proceso electoral de 2024
que, de acuerdo con la legislación vigente, inicia formalmente el 1 de septiembre de 2023. Esta resolución será fundamental para abonar a la certeza jurídica sobre la competencia electoral y la estabilidad política del país”, agregó.
El instituto explicó que el proceso legislativo del plan B todavía no ha terminado, puesto que el primer paquete —sobre la propaganda gubernamental— fue publicado el 27 de diciembre pasado, mientras que el segundo se encuentra pendiente en el Senado y podría ser aprobado en este inicio del segundo periodo de sesiones.
