El diputado morenista Alejandro Robles presentó formalmente este jueves la iniciativa con la que se evitaría que las autoridades retiren un título y/o cédula profesional después de cinco años de su emisión, proyecto que se elaboró en el marco del caso de plagio de la ministra Yasmín Esquivel.
En la sesión ordinaria de este jueves, Robles explicó que actualmente no hay sanciones al plagio, además de defender a la ministra Esquivel ante el pleno de la Cámara de Diputados.
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“Sepan ustedes que aquí va a estar siempre esta legión de patriotas para poner las cosas en su justa dimensión. Vamos a estar denunciando siempre la injusticia y defendiendo a las mujeres que son agredidas”, dijo.
En la iniciativa publicada en la gaceta parlamentaria, se explica que esta modificación deriva de la falta de regulación para los casos de plagio, como el de la ministra Yasmín Esquivel.
“Estamos precisamente planteando que la sanción sea con base en un principio general del derecho, que es que nadie puede beneficiarse de algo que obtuvo de manera ilegítima (…) instruir que se respete el debido proceso, tengan derecho de audiencia y el derecho de presunción de inocencia”, dijo el diputado Robles.
Recordó también el caso del expresidente Enrique Peña Nieto, quien fue señalado de plagiar parte de su tesis de licenciatura.
“La ambigüedad existente debe terminar, de una revisión a los casos de plagio que han ocurrido en nuestro país, encontramos que algunos han sido sancionado y otros han quedado impunes”, indicó.
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Entre otros casos que presentó donde se ha sancionado el plagio se encuentra el denunciado por Guillermo Sheridan, que en 2015 exhibió que el escritor Juan Pascual Gay le plagió una de sus columnas publicada en 1993.
A raíz de la denuncia de Sheridan, Pascual Gay fue despedido de la Universidad de San Luis, y el Conacyt lo retiró por 20 años del Sistema Nacional de investigadores (SNI).
Después de su presentación en el pleno, la iniciativa del morenista fue turnada a la Comisión de Educación.
La modificación considera que: “Con el fin de dar certeza y seguridad jurídica, propone que las facultades de la Dirección General de Profesiones y de las autoridades universitarias que emitieron el título profesional para llevar a cabo la anulación del registro del título profesional y revocación la cédula de ejercicio con efectos de patente, prescriben en un periodo de cinco años contados a partir de la obtención de la cédula profesional con efectos de patente”.
