EFE.- Los partidos políticos deberán de cumplir los mecanismos establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) para comprobar cada recurso proveniente de aportaciones de simpatizantes, confirmó este miércoles el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Esto con la finalidad de contar con los elementos necesarios para realizar una fiscalización efectiva, así como porque, de ninguna manera, “implican una restricción para que los ciudadanos realicen aportaciones a los partidos políticos, ni tampoco les imponen cargas adicionales desproporcionadas”.
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A mediados de diciembre de 2022, el INE aprobó por mayoría los “Lineamientos generales para la comprobación de aportaciones de militantes y simpatizantes durante los procesos electorales y de operación ordinaria”.
Estos lineamientos fueron impugnados por Morena y Movimiento Ciudadano (MC), alegando que impone obligaciones sin sustento legal, con el fin de verificar el origen de los recursos.
Además, los partidos políticos consideraron que vulnera diversos principios, así como los derechos de asociación y participación política.
Sin embargo, por mayoría el TEPJF desestimó estos alegatos y confirmó el mecanismo que el propio Tribunal le había solicitado al INE a través de una sentencia.
“No contravienen el principio de reserva de ley, ya que se emitieron en cumplimiento de una sentencia y con base en las disposiciones legales. Además, se establecieron los motivos, razones y preceptos aplicables al caso”, informó el TEPJF.
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Asimismo, el Tribunal consideró que estos lineamientos de control de recursos para los partidos cumplen con los principios de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que permiten conocer, “con cierto grado de certeza, la conducta calificada como ilícita susceptible de sanción”.
Dicha normativa promueve una máxima rendición de cuentas a través de mecanismos que aseguren a los partidos y a la ciudadanía, que los recursos que reciben del sector privado son de carácter lícito y que consisten en cuestionarios de evaluación previa para que los sujetos obligados puedan evaluar el riesgo de posibles irregularidades en la aportación.
Esto ante “una serie de factores de riesgo” identificados, como recibir aportaciones de personas sin capacidad económica y que pudiera ser inexplicable su aportación, que tengan registro de actividades señaladas como vulnerables o por operaciones presuntamente inexistentes o por parte de personas políticamente expuestas.
