El gobierno municipal de Chihuahua presentó una controversia constitucional contra el plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el que se modificó la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas.
La controversia constitucional fue presentada este jueves ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión.
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La presidencia municipal de Chihuahua, dirigida por Marco Bonilla, solicitó la suspensión cautelar de la norma mientras se emite una resolución.
“El gobierno municipal a través de la controversia constitucional solicita la suspensión cautelar de la vigencia de la norma, en tanto se resuelva de fondo debido a la gravedad de la violación a principios y derechos”, informaron.
A través de un comunicado, el gobierno de la capital del estado aseguró que la reforma limita el acceso a la información para que los habitantes del municipio de Chihuahua accedan a programas y apoyos que ofrece la localidad.
Criticó que se haya fijado un tope de gastos homologado para los tres niveles de gobierno sin tomar en cuenta el presupuesto aprobado para cada entidad y asegura que va en contra de la autonomía hacendaria del propio municipio de Chihuahua.
Por medio de su cuenta de Twitter, el alcalde Bonilla informó que la controversia fue presentada debido a que consideran que violan la libertad hacendaria y el derecho a la información.
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“Hemos presentado en la Ciudad de México una controversia constitucional contra las reformas elaboradas por la Cámara de Diputados y a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley de Responsabilidades Administrativas, por preceptos que desde nuestro punto de vista y argumentos jurídicos violan la libertad hacendaria consagrada en el artículo 115 Constitucional, y también el derecho a la información que tiene todos los ciudadanos del municipio de Chihuahua“, dijo Bonilla.
El pasado miércoles, la coalición Va por México presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra el plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador, con la que señalaron que las modificaciones “violan el federalismo y la libertad hacendaria”, al impedir que las localidades decidan sobre su presupuesto.
