El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México ratificó un amparo que fue otorgado a Emilio Lozoya Austín, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), con el que se dejó sin efecto la prisión preventiva justificada en su contra por el caso Odebrecht y se ordenó a las autoridades analizar de nuevo la medida cautelar.
El pasado 12 de enero, el tribunal resolvió desechar los recursos de revisión que interpusieron Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Fiscalía General de la República (FGR) contra el amparo que otorgó el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito a Lozoya.
“Son infundados en parte, e inoperantes en otra, los agravios planteados, por lo que procede confirmar la sentencia donde se concedió al quejoso la protección constitucional”, dice el expediente 265/2022.
La resolución judicial no implica que el exdirector de Pemex quede en libertad, sólo que un juez analice de nuevo el caso y emita un nuevo pronunciamiento respecto a la medida cautelar.
El pasado 26 de enero de 2022, José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, dictó prisión preventiva justificada a Lozoya, quien seguía su proceso en libertad y sólo tenía un brazalete electrónico tras ser detenido en España en 2020.
En ese entonces, la FGR solicitó a un juez que se le impusiera prisión preventiva al exfuncionario al argumentar que Lozoya contaba con capacidad económica para salir del país y fugarse, así como porque su esposa tiene nacionalidad alemana y vínculos políticos en ese país.
Incluso las autoridades destacaron que “las imágenes que fueron difundidas en los medios de comunicación muestran a Lozoya con poco pudor procesal en un restaurante en la colonia Polanco con varias personas”, luego de que se difundieron fotos del exfuncionario cenando en un lugar de lujo en la Ciudad de México.
Sin embargo, los tribunales colegiados concluyeron que dichos argumentos carecen de “congruencia y exhaustividad”, por lo que se ordenó al juez revisar de nuevo la medida cautelar.
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En tanto, la defensa de Lozoya busca que su cliente obtenga un criterio de oportunidad y frenar que llegue a un juicio por el caso Odebrecht, por lo que la audiencia del caso fue diferida para el próximo 10 de marzo.
La FGR acusa a Lozoya Austin de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que habrían servido para comprar el voto a favor de legisladores de la oposición a la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto.
El exfuncionario también enfrenta una acusación por presuntamente recibir un soborno de 3.5 millones de dólares durante la adquisición a sobreprecio de una planta fertilizantes que pertenecía a la empresa siderúrgica AHMSA.
