Los fiscales de Estados Unidos solicitaron este jueves que se rechace una moción presentada por la defensa de Genaro García Luna que busca impedir que el gobierno de Estados Unidos presente pruebas de que el exfuncionario continúo recibiendo recursos del Cártel de Sinaloa después de 2012.
En un documento enviado al juez Brian M. Cogan, las autoridades destacan un fragmento en el que García Luna asegura que cuando llegó a vivir a Estados Unidos, “no tenía riqueza y no podía permitirse un estilo de vida lujoso”.
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“El gobierno —de Estados Unidos— cuestiona esta declaración, ya que refleja una visión selectiva de las entrevistas de testigos y otras pruebas obtenidas durante esta investigación y proporcionadas a la defensa”, indicó.
Señaló que García Luna ofrecía consultoría a gobiernos y empresas extranjeras, en donde México era su principal cliente y en el transcurso de los años recibió pagos significativos que le habrían permitido enriquecerse.
“El acusado nunca le dio la espalda al Cártel de Sinaloa ni a sus compañeros funcionarios gubernamentales corruptos que trabajaron para el cártel. En cambio, pasó su tiempo vendiendo la influencia que había ganado mientras participaba en la conspiración para crear riqueza en Estados Unidos“, se lee.
Los fiscales anticiparon que García Luna negará su relación con el Cártel de Sinaloa durante el juicio, pero consideran que se cuenta con pruebas para demostrar que continúo colaborando con este grupo delictivo después de dejar su cargo en 2012.
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“Su capacidad para continuar haciendo negocios en México y en Sinaloa, con excolegas que permanecen en el gobierno mexicano y su contratación de exfuncionarios del gobierno mexicano en su firma de consultoría, establecen la naturaleza y la fuerza de las relaciones que cultivó con sus co-conspiradores”, señalaron.
También esperan que García Luna argumente falta de pruebas que acrediten la conspiración de la que es acusado, así como de la ubicación del dinero que recibió a partir de los sobornos.
Sin embargo, precisaron que hay evidencia de la sofisticada estrategia para mover dinero en efectivo dentro de México y a otros países a través de empresas, transacciones de bienes raíces, cuenta bancarias, miembros de su familia y empleados.
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Además se estima que la defensa de García Luna argumente que ocupó su puesto con la finalidad de hacer cumplir la ley.
“El acusado usó su cargo público para repartir valiosos contratos gubernamentales, granjearse el favor de ricos y poderosos empresarios internacionales, y adquirir futuros benefactores, quienes luego devolvieron el favor proporcionando el demandado con una casa de lujo y un yate y un lucrativo contrato de consultoría inmediatamente después de la el acusado dejó el cargo”, explicaron.
