El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó este viernes que no habrá la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos puede tomar hasta seis semanas, debido a que se tiene que cumplir con algunos trámites, y porque el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán también enfrenta acusaciones penales en México.
“De la extradición, veremos, conforme se vaya avanzando, qué elementos aportan (las autoridades de Estados Unidos) y cuál va a ser el criterio que va a seguir la fiscalía, pero, al día de hoy, yo esperaría un proceso aquí en México”, dijo el canciller en conferencia en Palacio Nacional.
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Ebrard añadió que, tras poner al detenido a disposición de un juez, el mecanismo de extradición cuenta con un plazo para que el país solicitante presente pruebas penales, que estima que en el caso de Estados Unidos se demorarán entre cuatro y seis semanas.
Una vez puestas dichas pruebas ante las autoridades judiciales, la decisión sobre la extradición correrá a cargo del juez. “No es una decisión política, sólo de la Cancillería, sino esencialmente del juez, para verificar que los derechos de esa persona se respetan, dado que es un ciudadano mexicano”, comentó.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, detalló que México cuenta con elementos para llevar a Ovidio Guzmán ante los tribunales por delitos contra la salud (narcotráfico) y relacionados con armas de fuego.
Además, dijo que también existen investigaciones relativas a la posibilidad de que el detenido y otras personas hubiesen cometido delitos relacionados con la delincuencia organizada.
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“Claro que lo anterior es independiente de lo que resulte en los hechos suscitados en ocasión de su detención”, puntualizó.
Estados Unidos, que presentó la solicitud de extradición en 2019, imputa al narcotraficante delitos que versan sobre la conspiración para la introducción de drogas a ese país, detalló Rodríguez.
Ovidio Guzmán fue detenido en la madrugada del pasado jueves en Sinaloa durante un operativo de las Fuerzas Armadas, que derivó en disturbios violentos en diversos puntos de la región y en los que murieron 10 militares y 19 miembros del crimen organizado.
Posteriormente, ingresó en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 Altiplano -conocido también como el penal de Almoloya-, ubicado en Estado de México, donde fue recluido su padre y del que se fugó en 2015.
Con información de EFE
