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El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, señaló este lunes que el motín registrado ayer en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, fue posiblemente para que Ernesto Alfredo Piñón, líder del grupo criminal “Los Mexicles”, pudiera escapar.
En conferencia de prensa realizada en Palacio Nacional, Sandoval apuntó que el ataque armado que se registró contra el Cereso número 3, del que se fugaron 25 reos, tenía el posible objetivo de liberar a Ernesto Alfredo Piñón, alias “El Neto”, del grupo afín al Cártel de Caborca.
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“Por esta persona privada de la libertad, es quizá por la que se realizó este evento, esta persona fue la que hizo una situación (jornada de violencia) hace unos meses en Ciudad Juárez y que se detuvo y que fue concentrado a ese Cereso“, comentó en conferencia desde Palacio Nacional.
El titular de la Sedena indicó que antes del motín hubo un primer ataque en contra del penal en el que sujetos armados a bordo de una camioneta dispararon contra los custodios para que, posteriormente, entran otros hombres con armas de fuego y a bordo de vehículos blindados al Cereso, para lograr la fuga de 25 reos, entre ellos “El Neto”.
Sandoval también apuntó que el gobierno de ese estado, desde que se detuvo a Ernesto Alfredo, nunca solicitó el traslado a un penal federal de máxima seguridad, a pesar de conocer el grado de peligrosidad del delincuente.
“No fue solicitado el traslado a una área con mayor seguridad a nivel federal y ese trámite tiene que ser del estado hacia la Federación. La Federación tiene una directiva, una instrucción de que se tiene que ayudar a los estados para poder sacar a los reos peligrosos cuando haya excesos en las capacidades, pero en este caso no se tenía”, aseguró.
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Por otra parte, apuntó que por este motín, en el que fallecieron 17 personas, entre ellas 10 custodios, se detuvieron a cinco personas cerca del penal, que posiblemente participaron en los hechos violentos para lograr la fuga de los presos.
Asimismo, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que estos penales están cargo de los estados y no de las autoridades federales, ya que sólo se brinda apoyo en casos de traslados.
“Los penales estatales son parte de la responsabilidad de los estados en general, de las autoridades que gobiernan esos estados, porque el gobierno federal no podría ayudar e introducirse en procesos o en sentencias que se están ejecutando en esos lugares y es responsabilidad estatal con apoyo del gobierno federal en aquellos casos en donde requieran traslados”, indicó.
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