“Represento al Poder Judicial y al mismo tiempo a las mujeres”, dice Norma Piña en su primer discurso como presidenta de la Corte

Foto: Cuartoscuro

Tras rendir protesta como la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para el periodo 2023-2026, la ministra Norma Lucía Piña Hernández celebró ser la primera mujer en presidir el máximo tribunal de justicia del país.

“La representación que se me encomienda tiene una doble dimensión, una doble responsabilidad, los representa ustedes, ministros y ministras, de la Suprema Corte, consejeras y consejeros de la Judicatura Federal, al mismo tiempo, al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal represento también a las mujeres”, expresó.

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“Les agradezco la congruencia a mis compañeras y compañeros, reconozco la importantísima determinación de la mayoría de este tribunal pleno de romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal”.

“Me siento acompañada, respaldada, acuerpada por todas ellas, por todas nosotras, me siento muy fuerte, porque sé que estamos todas aquí, nos colocamos por primera vez al centro de la herradura de este tribunal pleno, demostrando y demostrándonos que sí podemos”, agregó.

También agradeció a los ministros que le dieron su voto y dijo estar “honrada, comprometida, responsabilizada, obligada jurídica y moralmente a representarlos, a representar al Poder Judicial de la Federación con convicción y entrega, con pasión y honestidad”.

Piña Hernández obtuvo los seis votos de once necesarios frente a sus contrincantes, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, así como los ministros Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Para que un candidato obtuviera los seis votos necesarios, el Pleno de la Corte votó en tres rondas, la última fue disputada entre Piña Hernández y Gutiérrez Ortiz Mena, quien obtuvo cinco votos y quedó fuera de la contienda.

En su proyecto, Piña Hernández planteó los ejes de fortalecimiento a la función jurisdiccional, consolidación en el combate a la corrupción, reingeniería y medidas de mejora de la actividad administrativa de la SCJN y el CFJ, así como centralidad de los derechos humanos a través de unidades especializadas y política de comunicación social.