AP.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó este jueves a una empresa farmacéutica distribuidora, acusándole de contribuir a la crisis de los opioides al ignorar ventas inusualmente altas de ciertas sustancias en sus farmacias.
La demanda acusa a AmerisourceBergen Corp. y dos subsidiarias de no examinar con suficiente detalle los pedidos.
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Las entidades vinculadas a AmerisourceBergen “reiteradamente se negaron o negligentemente se abstuvieron de” reportar pedidos de compañías farmacéuticas, dice el pliego de 87 páginas.
“Cuando distribuidores farmacéuticos como AmerisourceBergen no cumplen con su deber de alertar a la DEA sobre pedidos sospechosos de medicamentos recetados por parte de farmacias, evaden una obligación clave en lidiar con sustancias adictivas capaces de segar vidas”, indicó Cole Finegan, fiscal de Colorado, en un comunicado anunciando la demanda.
AmerisourceBergen, con sede en Conshohocken, Pennsylvania, difundió un comunicado en respuesta afirmando que la queja federal eligió irrazonablemente entre farmacias de sus decenas de miles de clientes “mientras ignora la falta de acción” por parte del departamento antidrogas.
“Incluso en esos cinco ejemplos seleccionados por el Departamento de Justicia, AmerisourceBergen verificó que la farmacia tenga registro de la DEA y licencia de la Junta Estatal antes de cumplir con cualquier pedido, realizó indagaciones sobre los clientes, reportó toda venta de toda sustancia controlada y reportó órdenes sospechosas de sustancias controladas en cada una de estas farmacias, para un total de cientos de órdenes sospechosas”, respondió la compañía.
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Los opioides han sido vinculados a más de 500 mil muertes en Estados Unidos en las últimas dos décadas.
El Departamento de Justicia denunció que la compañía incurrió en cientos de miles de violaciones de la Ley Nacional sobre Sustancias Controladas en los últimos ocho años y exige que esta sea multada.
Entre otras cosas, la demanda describe cómo los representantes de ventas de AmerisourceBergen fueron asignados a tareas vinculadas con identificar el desvío ilegal de opioides, llamándolo un conflicto de intereses que llevó a que indicios de ilegalidad pasen inadvertidos o sean ignorados.
