Por Amado Azueta
Comerciantes establecidos del Centro Histórico de la Ciudad de México denuncian que la competencia desleal, las amenazas y extorsiones por parte de líderes del comercio informal prevalecen en la temporada decembrina.
Este año, la subsecretaría de programas de alcaldías y reordenamiento de la vía pública del Gobierno de la Ciudad de México otorgó el permiso para la instalación de más de 9 mil comerciantes informales en el centro de la capital en el periodo del 5 de diciembre al 6 de enero, confirmó su director, Ricardo Jaral Fernández.
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Sin embargo, después de publicada esta nota, el área comunicación de la subsecretaría precisó que son mil 200 los comerciantes ambulantes autorizados en esta temporada, por lo que suman 10 mil 200 que en estos días ocupan las calles del Centro Histórico.
Los comerciantes establecidos, que hablaron a condición de anonimato por temor a represalias de líderes del ambulantaje, denuncian que al concluir las fiestas navideñas, los comerciantes tolerados regularmente se quedan por tiempo indefinido y ocupan banquetas, pasos peatonales e incluso bloquean los accesos a los locales fijos.
“Los líderes (de ambulantes) se dan el lujo de ser muy prepotentes y dirigir la calle como si fuera de ellos, como si fuera su propiedad, nos amenazan y nos extorsionan”, comenta un comerciante de juguetes y artículos de temporada.
“En la esquina de Palma y Donceles hay siete puestos de comida. Empezamos con dos. Siempre avanzan, siempre quieren más, no hay llenadera”, relata otro comerciante.
Aunque este año se autorizaron menos ambulantes a los 17 mil que en promedio se permitieron en cada uno de los tres años anteriores, los comerciantes formales los ven como una amenaza a sus negocios e incluso a su integridad.
Jaral Fernández reconoce las dificultades para contener el ambulantaje: “Sí, es una batalla diaria que libramos con el tema del ambulantaje, hay zonas en donde son más disciplinados”.
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La autoridad dice buscar que las 50 organizaciones de ambulantes autorizadas respeten las reglas, entre ellas el horario, que para el perímetro A es de 10:00 a 18:00 horas de martes a domingo. Se trata de un área de aproximadamente tres kilómetros cuadrados que concentra la parte más antigua de la ciudad. Está delimitada por las avenidas José María Izazaga, Anillo de Circunvalación, Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida Juárez, Mina, República de Perú y su continuación Apartado.
Los ambulantes del perímetro B pueden instalarse de miércoles a lunes con el mismo horario. Esta área comprende siete kilómetros cuadrados que abarcan las calles entre las avenidas Zaragoza, Eje 1 Norte, Herreros, Ánfora, Sur 105 y Lucas Alamán.
Además, se les impide instalarse en arroyos vehiculares, esquinas o rampas para personas con discapacidad y solo establecer un máximo de 10 puestos fijos o semifijos por tramo.
También se impide la instalación de puestos en lugares como la Plaza de la Constitución, las calles de Madero, Donceles, 16 de Septiembre, Uruguay, entre otras. Sin embargo, en un recorrido realizado por Latinus se pudo constatar que no se cumplen dichas reglas.
Una comerciante establecida, que pide omitir su nombre por seguridad, señaló que el fondo del problema es que todos los espacios tienen un costo y no hay quien controle la situación.
“(Los ambulantes) pagan 100 pesos por reja —donde cuelgan sus artículos—, y dependiendo la calle les cobran tres mil o cinco mil pesos la temporada, quisiéramos saber por qué hay tanta preferencia. O sea, les dan todo lo que ellos quieren, y al empresario que paga todo, lo tienen en la ruina”, relató la comerciante.
Jaral Fernández reconoció la existencia de los cobros de espacios por parte de los líderes, pero asegura que la autoridad no puede impedirlo, porque es un convenio entre particulares. Además, en la ley publicada vigente desde 2003 no se establece ningún cobro por el aprovechamiento de la vía pública.
“Nosotros no cobramos a nadie absolutamente nada, es entre las organizaciones, es un trato entre ellos, eso es al libre albedrío, mientras no nos incumplan normas en las calles y no provoquen algún tipo de problema o riesgo, ya no nos metemos al interior de las organizaciones”, afirmó.
Tampoco la alcaldía Cuauhtémoc, zona donde se ubica el Centro Histórico, tiene facultades legales para cobrar el espacio a los ambulantes en esa zona en la que no cualquiera puede instalarse.
Amenazas y extorsión
Los empresarios consideran que ante la inacción de la autoridad sobre una mayor regulación al comercio informal se generan actos delictivos como la extorsión, amenazas, agresiones y robos.
Denuncian, por ejemplo, que en temporada normal, para que un ambulante no estorbe el paso de los clientes, algunos locatarios llegan a pagar entre 100 y 150 pesos diarios, pero en diciembre esa extorsión llega a 300 pesos.
“Yo le digo al líder: oye, dame chance siquiera de un metro para dejar pasar a mi cliente y te responde: ‘sí, te lo dejo, pero te cuesta ocho mil pesos’, depende si tu negocio está en una esquina, pero si estás en el centro de la calle, te cuesta 10 mil pesos”, explicó otro vendedor.
Durante años, comerciantes formales han presentado denuncias ante la dirección general de programas de alcaldías y ordenamiento de la vía pública del gobierno de la Ciudad de México, y la respuesta es el envío de policías para solucionar el conflicto, pero cuando los elementos de seguridad se van el comerciante establecido es nuevamente víctima de amenazas.
