AP.- La lucha de las organizaciones humanitarias de México para sacar de la cárcel a mujeres que enfrentan procesos relacionados con abortos se anotó una victoria luego de que un tribunal ordenó la liberación de la joven indígena Aurelia García Cruceño, detenida desde hace tres años acusada de homicidio en grado de parentesco.
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de México despenalizó el año pasado el aborto, los procesos relacionados con interrupciones del embarazo se mantienen en un limbo y continúan presentándose casos como el de Cruceño, una indígena nahua de 23 años que fue detenida por un aborto espontáneo que sufrió tras quedar embarazada a consecuencia de una violación.
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Ahora las organizaciones humanitarias aspiran a que la sentencia de la joven sirva de precedente para lograr la liberación de otras mujeres detenidas por procesos relacionados con abortos y que enfrentan juicios por delitos como homicidio en razón de parentesco, infanticidio u omisión de cuidado. Según las organizaciones locales superan las 200.
Así lo reconoció Verónica Garzón, abogada de Cruceño e integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, quien afirmó que la sentencia “tiene muchas implicaciones tanto políticas como jurídicas y sociales” y puede servir de precedente para otras mujeres acusadas por el Estado y “violentadas desde las instituciones que son incapaces de garantizar un acceso a la justicia”.
La noche del 20 de diciembre una jueza dictaminó que no había suficientes pruebas para mantener detenida a Cruceño por el delito de homicidio en grado de parentesco, con lo que culminó la pesadilla que enfrentó desde 2019 cuando fue encarcelada en una prisión de la localidad sureña de Iguala, en el estado de Guerrero.
La joven es originaria del remoto poblado de Xochicalco, ubicado en la Montaña Baja de Guerrero, donde pasó su infancia y juventud y que dejó luego de quedar embarazada de un hombre, que era una autoridad comunitaria, que abusó de ella.
A mediados de 2019 la joven se mudó a Iguala a vivir con una tía y pocos meses después comenzó a presentar un sangrado vaginal y tuvo un parto prematuro, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir transfusiones de sangre. Mientras se encontraba convaleciente fue esposada a su cama y luego de notificarle el motivo de su detención le hicieron firmar una carta de derechos cuyo contenido no entendió debido a que no hablaba bien el español.
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Aun conmocionada por su liberación, Cruceño dijo a The Associated Press que todavía no se acostumbra a su nueva realidad y que en las mañanas se sorprende al despertar y ver que está en un lugar diferente a su celda. “Me siento rara. Todavía no lo puedo creer el ver a mi mamá al despertar”, agregó.
Sobre los tres años que pasó en la cárcel la joven habla poco y reconoce que “me daba mucha ansiedad, mucha tristeza”.
Pese a las dificultades que atravesó, Cruceño considera que su encierro fue una etapa de aprendizaje y le permitió mejorar su conocimiento del español. “Mis compañeras me animaban mucho y una señora me dio un consejo que nunca olvidé: ‘aquí tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente’”.
“El caso de Aurelia es uno de muchos”, reconoció Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia Hacia las Mujeres, quien explicó que en ese estado, que está entre los 20 con mayores registros de violencia contra la mujer de México, la población indígena femenina es una de las más vulnerables del país por los usos y costumbres que mantienen las cuatro etnias que viven en esa región.
Entre enero y noviembre se reportaron en Guerrero 12 feminicidios y 108 homicidios dolosos, levemente por debajo de los registros del mismo período de 2021, según cifras oficiales.
