El gobierno de Estados Unidos pidió al Tribunal Supremo que permita el final del Título 42, la norma sanitaria que permite expulsiones rápidas de migrantes en la frontera bajo el pretexto de la pandemia.
Aun así, el Ejecutivo de Joe Biden solicitó a la corte que mantenga hasta el 27 de diciembre la orden, emitida el lunes, de bloquear el levantamiento del Título 42.
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Antes de la orden de Roberts, las restricciones que permiten expulsar a muchos, pero no a todos, los solicitantes de asilo, estaban programadas para expirar el miércoles.
Estados Unidos les ha negado a los migrantes el derecho consagrado en las leyes nacionales e internacionales a solicitar asilo en 2.5 millones de ocasiones desde marzo de 2020, con el argumento de evitar la propagación de Covid-19, bajo el amparo de una norma de salud pública llamada Título 42.
El gobierno federal también pidió al tribunal que rechace los intentos de último minuto de parte de un grupo de estados de tendencia conservadora por mantener la medida. Admitió que poner fin a las restricciones probablemente provocaría “trastornos y un aumento temporal de cruces fronterizos ilegales”, pero puntualizó que la solución no es extender la orden de forma indefinida.
Debido a que una decisión al respecto podría darse hasta el último momento, la presión se ha estado acumulando en las comunidades de ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México.
En El Paso, Texas, el alcalde demócrata Oscar Leeser advirtió que los albergues de Ciudad Juárez, México, se encuentran a su máxima capacidad, con unos 20 mil migrantes dispuestos a cruzar a Estados Unidos.
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La ciudad texana tomó medidas para ampliar su capacidad para recibir a más migrantes, adaptando edificios grandes como albergues, mientras que la Cruz Roja puso a disposición 10 mil catres. Las autoridades locales también esperan aliviar la presión sobre los albergues de la zona mediante el traslado de migrantes a otras ciudades grandes de Texas y de estados aledaños, acercándolos a familiares o patrocinadores en coordinación con organizaciones sin fines de lucro.
El estado desplegó esta semana a elementos de la Guardia Nacional de Texas en El Paso, donde utilizaron alambre de púas para cubrir una apertura en la valla fronteriza en los márgenes del río Grande (o Bravo), la cual se convirtió en un cruce popular en los últimos días para los migrantes que vadearon las aguas poco profundas para acercarse a los funcionarios de migración.
Texas anunció el envío de 400 miembros de la Guardia Nacional a la ciudad fronteriza luego de que las autoridades locales declararon un estado de emergencia. Leeser dijo que la declaratoria era con el objetivo principal de proteger a los migrantes vulnerables, aunque un comunicado de la Guardia Nacional de Texas señaló que el despliegue incluyó fuerzas utilizadas para “repeler y enviar de regreso a los migrantes ilegales”.
Activistas por los derechos de los migrantes han dicho que las restricciones del Título 42, impuestas en disposiciones de una ley de salud de 1944, van en contra de las obligaciones nacionales e internacionales con las personas que huyen hacia Estados Unidos para escapar de la persecución, y que el pretexto es obsoleto debido a las mejoras en los tratamientos para combatir al coronavirus.
Los estados de tendencia conservadora argumentaron que el aumento en el número de migrantes repercutiría en servicios como la seguridad pública y la atención médica, y advirtieron de una “calamidad sin precedentes” en la frontera sur. Dijeron que el gobierno federal no cuenta con un plan para lidiar con el aumento de migrantes.
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El gobierno federal se opuso a la apelación e informó el martes al tribunal que ha destinado más recursos a la frontera sur en preparación para el fin del Título 42. Esto incluye más coordinadores de procesamiento de la Patrulla Fronteriza, un reforzamiento de la vigilancia y más seguridad en los puertos de entrada, de acuerdo con el gobierno de Biden.
Las restricciones de Título 42 aplican a todas las nacionalidades, pero se han ejercido en mayor medida a los migrantes de países a los que México acepta recibir tras ser expulsados por Estados Unidos: Guatemala, Honduras, El Salvador, y más recientemente Venezuela, además de México.
Con información de EFE y AP
