Reuters.- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, descartó el sábado renunciar e instó al Congreso a aprobar un proyecto de ley para adelantar elecciones generales, en medio de protestas tras la destitución y arresto del exmandatario Pedro Castillo y que han dejado al menos 18 muertos y cientos de heridos.
Boluarte, quien era la vicepresidenta, asumió al poder el 7 de diciembre tras la expulsión de Castillo, que intentó disolver el Congreso y reorganizar el Poder Judicial de forma ilegal.
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“Hay un grupo que dice que Dina Boluarte renuncie (…) si lo hago, ¿se resuelve el problema?”, dijo la presidenta en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno junto a su gabinete y toda la cúpula de las fuerzas armadas del país.
El Congreso peruano rechazó el viernes una reforma constitucional planteada por Boluarte para posibilitar el adelanto de elecciones generales a fines del 2023, en medio de las protestas que también ha cobrado la muerte de otras cinco personas por consecuencias indirectas a las manifestaciones.
“Exijo que se reconsidere la votación de adelanto de elecciones”, afirmó Boluarte. “Acá vamos a estar firmes hasta que el Congreso resuelva el adelanto de elecciones”.
Algunos legisladores ya han solicitado a la dirección del Congreso volver a discutir la iniciativa. Legisladores de izquierda se oponen a la propuesta porque quieren que se incluya también la creación de una asamblea constituyente.
Boluarte desechó los llamados a una asamblea constituyente para cambiar la actual Constitución -vigente desde 1993 favorable a una economía de libre mercado-, para darle un rol más activo del Estado. “No es el momento”, afirmó.
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Además, la presidenta anunció que realizará “en unos días” una reorganización de su gabinete, luego de la renuncia el viernes del ministro de Educación y el ministro de Cultura. “Haremos una recomposición del gabinete para poder poner a ministros conocedores de cada sector”, dijo sin más detalles.
Las protestas no han cesado pese a que el gobierno ha decretado el “estado de emergencia” nacional y entregó el control del orden público a las Fuerzas Armadas. Asimismo, de un toque de queda nocturno en 15 provincias en las regiones de mayor convulsión, en otro esfuerzo por aplacar los conflictos.
Los manifestantes, que mantienen bloqueadas algunas carreteras, también han cerrado la frontera de Perú con Bolivia, dejando a los turistas varados y el comercio restringido.
A su turno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA)-, anunció la programación de visitas técnicas y de trabajo a Perú, al tiempo que condenó el incremento de la violencia en el país.
