EFE.- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, presentó hoy un informe de su oficina en el que documenta los asesinatos de al menos 441 civiles en Ucrania (341 hombres, 72 mujeres, 20 niños y ocho niñas) que, según él, podrían constituir crímenes de guerra por parte del Ejército invasor ruso.
“Hay sólidas indicaciones de que las ejecuciones sumarias documentadas en el informe podrían constituir asesinatos deliberados, un crimen de guerra”, subrayó Türk al presentarlo en una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos sobre Ucrania.
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El estudio, que presenta en detalle un centenar de estos asesinatos, se elaboró después de tres visitas sobre el terreno, y se centra especialmente en violaciones cometidas entre el 24 de febrero y el 6 de abril de 2022 en 102 localidades de las regiones de Kyiv, Chernikov y Sumi.
“En algunos casos, los soldados rusos ejecutaron a civiles en lugares de detención improvisados, mientras que en otras ocasiones lo hicieron en sus casas, en patios, en portales, o en controles de seguridad sobre el terreno”, indicó el alto comisionado austriaco.
Las ejecuciones se perpetraron incluso en casos “en los que la víctima mostró claramente que no suponía una amenaza, por ejemplo, alzando sus manos”, añadió.
Türk también indicó que el hecho de que 88% de los asesinados fueran hombres y niños parece indicar que fueron desproporcionadamente escogidos como víctimas con base en su género.
El alto comisionado también denunció en su presentación otras violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas rusas, como ataques de vehículos armados y tanques contra edificios residenciales, que causaron más muertes de civiles.
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El informe indicó que el lugar donde la ONU ha documentado más asesinatos de civiles en el periodo estudiado fue la localidad de Bucha, donde se han comprobado ejecuciones de 73 personas (54 hombres, 16 mujeres, dos niños y una niña) entre el cuatro y el 30 de marzo de este año.
“En un tramo de 150 metros en la calle Yablunska de Bucha, 14 civiles (entre ellos una niña) fueron abatidos y sus cadáveres se dejaron allí”, destacó Türk.
Además de los más de 400 asesinatos comprobados por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, esta investiga mediante entrevistas a testigos y supervivientes las denuncias de otros 198, entre ellos 105 en Bucha, y proseguirá sus investigaciones en las regiones de Járkov y Jersón, subrayó el alto comisionado.
No sólo se investigarán ejecuciones, sino también otras violaciones denunciadas que incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, maltratos y violencia sexual, agregó.
El informe de la oficina presentado hoy es paralelo al que por su cuenta elabora la misión de investigación de la ONU para Ucrania, formada por tres expertos y que también denunció pruebas de crímenes de guerra rusos en el país vecino cuando presentó en septiembre sus conclusiones preliminares (que se actualizarán en marzo de 2023).
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Türk recordó que la invasión rusa de Ucrania ha dejado a 18 millones de personas, casi la mitad de la población nacional, en necesidad urgente de ayuda humanitaria, mientras que 7.83 millones de ucranianos han huido del país y otros 6.5 millones son desplazados internos.
Diez millones de ucranianos sufren cortes de electricidad mientras Rusia ataca con misiles infraestructuras que incluye centrales energéticas, y más millones no tienen acceso a redes de abastecimiento de agua o de calefacción, recordó.
A esas cifras, el alto comisionado sumó los 1.5 millones de niños ucranianos “en riesgo de depresión, ansiedad, estrés postraumático y otras condiciones mentales”, tras vivir una guerra “marcada por graves violaciones de las leyes internacionales, humanitarias y de derechos humanos”.
Türk expresó el deseo de que las violaciones de derechos humanos denunciadas sean adecuadamente investigadas y que sus perpetradores rindan cuentas bajo un proceso legal, justo e independiente.
“Debe impulsarse un sistema judicial que brinde juicios justos y justicia para la población, garantizando que todas las denuncias de violaciones, las recientes, pero también las iniciadas en 2014, sean rápidamente investigadas y con transparencia”, aseguró.
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Sin embargo, expresó sus dudas ante esta posibilidad, dado que las autoridades rusas no han investigado todavía ninguno de los abusos denunciados, mientras Ucrania “enfrenta problemas de recursos y de capacidad para hacerlo”.
