Foto: Cuartoscuro
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió ayer una iniciativa a la Cámara de Diputados para convertir al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación.
Se trata de una iniciativa para expedir la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, además se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación.
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“La iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho humano a la ciencia (…), a través de una política articulada por el Estado mexicano en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, en la que el Estado ejerza la rectoría indispensable para el desarrollo nacional y el bienestar de la población”, dice la exposición de motivos.
En la iniciativa, el Poder Ejecutivo acusó que en los gobiernos de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderon y Enrique Peña Nieto se ejecutó una política “que pretendía satisfacer las necesidades“ de investigación de las empresas privadas e incrementar el gasto privado en investigación científica.
“Está política aterrizó en el fomento a la vinculación entre centros de investigación científica y tecnológica públicos con las empresas del sector privado”, señaló.
Por lo anterior, la iniciativa propone convertir al Conacyt en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación “que seguirá siendo un organismo público descentralizado del Estado mexicano”.
Además, el consejo contará con una Junta de Gobierno integrada por las secretarías de Agricultura, Bienestar, Infraestructura, Cultura, Economía, Educación, Energía, Hacienda, Defensa Nacional, Marina, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, y de Salud.
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Asimismo contará con una dirección general, cuyo titular será designado por el Ejecutivo Federal.
La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados a las Comisiones Unidas de Educación, y Ciencia, Tecnología e Innovación para dictamen, así como a las Comisiones de Gobernación y Población, y de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
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