EFE.- La Cancillería peruana convocó este viernes al embajador de México en Lima, Pablo Monroy, para transmitirle su rechazo por las “expresiones de las autoridades mexicanas” que, a juicio del Ejecutivo, “constituyen una injerencia en los asuntos internos” del país andino, un día después de que el expresidente Pedro Castillo, acusado de intentar dar un golpe de Estado, solicitara asilo a México desde su lugar de reclusión.
“Las expresiones de las autoridades mexicanas constituyen una injerencia en los asuntos internos del Perú y no resultan consistentes con los acontecimientos que se han sucedido en días recientes”, se lee en un comunicado de la Cancillería, actualmente sin ministro titular, tras la renuncia de César Landa, quien abandonó el cargo acusando a Castillo de dar un golpe de Estado y pedir ayudar internacional para frenarle.
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La información, que no detalla a qué declaraciones de autoridades mexicanas se refiere, aclara que el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano le transmitió a Monroy “la extrañeza que han generado en Perú las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard, con respecto a los procesos políticos en el país”.
Sobre el derecho de asilo invocado por el expresidente Pedro Castillo, “se señaló al embajador Monroy la necesidad de que los estados se ciñan a las normas contenidas en los tratados internacionales vigentes sobre la materia y cumplan con todos los requisitos que los mismos establecen”.
“El gobierno del Perú desea reiterar su más amplia voluntad para continuar profundizando, en el marco del respeto mutuo y de las normas de derecho internacional, las tradicionales relaciones de amistad, cooperación y voluntad de integración que unen a los pueblos del Perú y México, las que cumplirán doscientos años en enero de 2023, especialmente en aquellos ámbitos que inciden en el desarrollo social”, concluye el mensaje.
López Obrador reveló este jueves en su conferencia matutina que Castillo llamó por teléfono para pedir asilo a la Embajada de México en el país andino.
“Habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la Embajada, que iba a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta de la Embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono”, dijo López Obrador.
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Además, dijo que instruyó a Ebrard para que hablara con el embajador de México en Perú y abriera la puerta a Castillo para que solicitara asilo.
“Pero al poco tiempo tomaron la embajada con policías y ciudadanos, rodearon la embajada. Y él ni si quiera pudo salir, lo detuvieron de inmediato”, aseguró.
Poco después, Ebrard confirmó que Castillo ratificó ante Monroy, quien le visitó en su centro de detención en Lima, la solicitud de asilo al gobierno mexicano.
El canciller añadió que México ha iniciado las consultas ante las autoridades peruanas para realizar los trámites de asilo.
“El Embajador Pablo Monroy me reporta desde Lima que pudo entrevistarse a las 13:20 horas con Pedro Castillo en el Centro Penitenciario. Lo encontró bien físicamente y en compañía de su abogado”, escribió Ebrard.
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Por su parte, la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, inició ayer en el Palacio de Gobierno una ronda de diálogo con varios grupos del Congreso, menos de 24 horas después de asumir la jefatura del Estado en reemplazo de Pedro Castillo.
En su primer día al frente del Ejecutivo peruano, Boluarte convocó en el Palacio de Gobierno a los portavoces de agrupaciones parlamentarias de distintos tintes políticos, mientras trabaja en la conformación de su gabinete ministerial.
Los perfiles de quienes lo integren serán clave para tender puentes de diálogo con el Congreso, de mayoría opositora y que el miércoles destituyó a Castillo tras anunciar su disolución.
Castillo fue arrestado “en flagrancia” por su propia escolta, minutos después de ser destituido.
El ahora expresidente había dictado poco antes el cierre temporal del Parlamento, la instauración de un ejecutivo de emergencia nacional, una reorganización de todos los organismos del sistema de justicia, la convocatoria sin consulta ciudadana de una asamblea constituyente y el gobierno, entre tanto, por decreto.
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Esa orden ha sido interpretada mayoritariamente como un intento de golpe de Estado, incluso por los miembros de su gabinete.
La medida no obtuvo el aval de la mayoría de los ahora exintegrantes de su gobierno, ni tampoco de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.
