La Comisión Temporal de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el ajuste a su presupuesto que le fue designado para el próximo año, mismo que fue recortado en la Cámara de Diputados, y quedó en 13 mil 987 millones 856 mil 773 pesos.
Aunque los legisladores aplicaron la reducción presupuestal al INE, esta no afectó la partida destinada a los partidos políticos, la cual es de 6 mil 233.5 millones de pesos. Explicó que la reducción que realizó la Cámara de Diputados la absorberá en su totalidad el INE.
Detalló que el recorte de 4 mil 475 millones 501 mil 178 pesos, que aprobaron los diputados, afecta principalmente a los recursos destinos, principalmente a la realización de una consulta popular, sin embargo, no tiene registro de alguna para el próximo año.
“La reducción afectó, entre otros rubros, al presupuesto precautorio para una eventual consulta popular fijado en 4 mil 025 millones 422 mil 288 pesos, los cuales no se utilizarán debido a que, con corte al 30 de noviembre pasado, no se actualizó el supuesto de este ejercicio de participación”, indicó.
La Comisión Temporal de Presupuesto, que fue la encargada de revisar las cifras, detalló que debido a que la Cámara de Senadores presentó el 30 de noviembre el proyecto para realizar la elección extraordinaria de una senaduría del estado de Tamaulipas, esta no fue considerada en el Presupuesto de 2023.
Sin embargo, absorberá el gasto para la realización de dicha elección.
“Como consecuencia de la reducción, el INE debe atender con diferentes medidas la presión de gasto por 537.8 millones de pesos, monto que incluye los proyectos para la elección extraordinaria de una senaduría por el principio de Mayoría Relativa en Tamaulipas”, informó.
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Detalló que el presupuesto de más de 13 mil millones de pesos se asignaran al presupuesto base, al que se le establecieron 11 mil 546.4 millones de pesos, y a la Cartera Institucional de Proyectos le tocó un poco más de 2 mil millones de pesos.
Luego del ajuste presupuestal, el INE explicó que buscará ahorrar en materiales, útiles de oficina, arrendamientos, estacionamientos, servicio telefónico, energía eléctrica, servicios personales, entre otros, lo cual no afectará “la operación sustantiva y el cumplimiento de las obligaciones institucionales”.
