EFE.- Presuntos integrantes del crimen organizado asesinaron el pasado martes al síndico del municipio de Omealca, Miguel Tinoco García, en el estado de Veracruz.
Fuentes policiales dieron cuenta que el político, surgido del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue privado de la libertad y su cuerpo arrojado en cultivos de la zona montañosa del estado.
Te interesa: “Vamos a estar los seis años, no anden especulando”, dice Samuel García sobre su gestión en Nuevo León
Junto al cuerpo, ubicado a un costado de la carretera estatal Amatlán-Cuichapa, fue dejado un mensaje firmado presuntamente por el crimen organizado.
La víctima apareció durante la tarde del martes en calidad de desconocido, pero horas más tarde fue identificado como el síndico de esa región de Veracruz, donde se reportan altos índices delincuenciales.
Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar para iniciar las indagatorias del caso.
Veracruz, un estado asentado en el golfo de México, ha vivido históricamente violencia relacionada con la presencia de bandas del narcotráfico que se disputan el territorio, el cobro de piso y el paso de migrantes.
La entidad ocupa la séptima posición en el nivel nacional en incidencia delictiva; tan sólo en el mes de octubre fueron denunciados 6 mil 979 delitos.
Puedes leer: Autoridades de Morelos buscan a dos policías que fueron secuestrados cerca del límite con Guerrero
El informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubicó a Veracruz en el puesto séptimo a nivel nacional con mayor número de delitos denunciados.
Con el asesinato de Tinoco García suman 62 funcionarios públicos asesinados en la presente administración que inició el 1 de diciembre de 2018. Son 19 alcaldes, 31 regidores y 12 síndicos, con una incidencia un 27% mayor a la registrada en todo el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), según la consultora Etellekt, que hace un seguimiento a la violencia política en el país.
En México, el síndico es el encargado de vigilar y defender los intereses municipales, de representar jurídicamente al municipio, procurar la justicia y legalidad en la administración pública municipal y vigilar el manejo y gestión correcta de la hacienda municipal.
