Por Montserrat Peralta
La Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción de Coahuila ha abierto 758 carpetas de investigación, pero sólo ha logrado una sentencia en el periodo de 2017 al 12 de septiembre de 2022.
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De acuerdo con datos de la propia fiscalía obtenidos por Latinus vía transparencia, en los últimos cinco años se han iniciado cientos de carpetas de investigación que no han logrado castigar a los responsables de actos de corrupción.
Además, los números de la autoridad anticorrupción revelan que en 2018 alcanzó el pico de carpetas abiertas con 361 por posible corrupción, pero un año después las investigaciones iniciadas bajaron a 117.
El 54% de los delitos que investiga la fiscalía anticorrupción coahuilense son por peculado, disposición de recursos públicos y abuso de autoridad.
Del total de las carpetas de investigación, 56 fueron vinculadas a proceso, ocho están en archivo temporal, 453 estaban en la fase de investigación inicial, 33 en investigación complementaria, en 124 se determinó el no ejercicio de la acción penal y de 91 carpetas la fiscalía no entregó cuál es el estado procesal del caso.
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Según la información de esta fiscalía encabezada por Jesús Homero Flores Mier, existen cero registros de sentencias en juicio oral.
En la única sentencia por procedimiento abreviado se determinó la reparación del daño por 68 mil pesos y una multa de 12 mil 673 pesos. Sin embargo, la Fiscalía anticorrupción no respondió sobre los hechos delictivos que dieron origen a esta determinación, ya que alegó la “reserva de los actos de investigación”.
En Coahuila, 72% de la población mayor de 18 años considera que la policía de tránsito es corrupta, seguida de la policía preventiva municipal con 68.6%, seguida de la policía estatal (60.8%), los jueces (60.4%) y los ministerios públicos y las fiscalías estatales (59%), de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.
La Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción de Coahuila, que en los últimos años ha tenido un presupuesto acumulado superior a 219 millones de pesos, es un órgano de procuración de justicia que pertenece al sistema estatal anticorrupción.
