El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, afirmó este jueves que el proceso de desafuero en contra del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, será solicitado por la Sección Instructora a más tardar el 15 de diciembre.
En entrevista a medios, el coordinador de Morena señaló que después de esta fecha se pasará a la etapa de alegatos en el proceso de desafuero en donde la Fiscalía de Campeche y la defensa de Alejandro Moreno deberán presentar pruebas.
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“La declaración de procedencia o desafuero, como lo conoce la gente, es en realidad un proceso con características jurisdiccionales que tiene tiempos; y uno de los tiempos de las etapas del proceso es que a más tardar el 15 de diciembre, las integrantes y los integrantes de la Sección Instructora deberán solicitar pasar a la siguiente etapa”, explicó el diputado.
Por su parte, el dirigente de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados e integrante de la Sección Instructora, Rubén Moreira, señaló que no hay ninguna solicitud y citatorio para abordar el desafuero de Alejandro Moreno.
“No hemos sido convocados (…) no hay ningún acuerdo, no polemicemos un acuerdo y ya dijimos que no”, indicó.
Descartó que el tema del desafuero se trate de un amago por parte de Morena para que cambien su postura sobre la reforma electoral que se prevé discutir la próxima semana.
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“No vemos ningún amago. Nosotros ya tenemos fijada nuestra postura y es con razones, no es solamente el tema de decir que no, dimos cuatro razones fundamentales. No ha habido ninguna presión”, manifestó el priista.
Por su parte, Ignacio Mier descartó que el proceso de desafuero se esté utilizando como una amenaza para la aprobación de la reforma electoral.
El 16 de agosto, la Fiscalía del estado de Campeche solicitó el desafuero de Alejandro Moreno por presunto enriquecimiento ilícito.
El fiscal general de Campeche, Renato Sales Heredia, aclaró que el delito, presuntamente cometido por Moreno, ocurrió durante su gestión como gobernador de la entidad.
“La carpeta tiene que ver con una investigación del Ministerio Público vinculada con el delito de enriquecimiento ilícito, que consiste en la desproporción de los ingresos que devenga el servidor público y sus distintos cargos y las propiedades de las que se ostenta como dueño o se encuentran a su nombre”, señaló.
“En el caso del enriquecimiento ilícito se conoce lo que se denomina inversión de la carga de la prueba, (es decir), quien tiene que demostrar legalmente posee y adquirió estos bienes, es la persona imputada”, explicó el fiscal general.
