La ONU-DH rechaza la decisión de la Suprema Corte de mantener la prisión preventiva oficiosa

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Foto: Cuartoscuro, Gabriela Pérez

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lamentó lo resuelto este jueves por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de prisión preventiva oficiosa, pese a reconocer que la medida es contraria al debido proceso y la presunción de inocencia.

“Para la ONU-DH es importante subrayar el hecho de que 9 de los 11 Ministros/as hayan reconocido el daño que representa para los derechos de las personas la aplicación de la prisión preventiva y que la mayoría señaló su incompatibilidad con los estándares internacionales en materia de libertad personal, debido proceso y presunción de inocencia”, declaró a través de un comunicado. 

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“Se debe tener presente que una de las graves consecuencias de la aplicación de esta figura ha sido que muchas personas, especialmente las más desfavorecidas social y económicamente, se encuentran injustamente privadas de la libertad, incluso por más de una década”, señaló Guillermo Fernández Maldonado, Representante de la ONU-DH.

La ONU-DH expresó su solidaridad con las personas que de manera arbitraria se han encontrado presos en México, bajo dichas condiciones.

La ONU-DH destacó “la oportunidad que se ha perdido para compatibilizar la normativa constitucional con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos” y reiteró la necesidad de derogar esta figura del texto constitucional.

Aseguró que seguirá trabajando para que las autoridades competentes eliminen toda forma arbitraria de privación de la libertad y reiteró su compromiso con México para que cumpla sus obligaciones internacionales. 

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El día de ayer, el pleno de la SCJN resolvió la acción de inconstitucionalidad 130/2019, bajo la ponencia del ministro Luis María Aguilar. Su proyecto, que proponía realizar una interpretación de la prisión preventiva oficiosa para que no fuera impuesta de manera automática, sólo obtuvo cinco votos a favor.

Los ministros aprobaron declarar la inconstitucionalidad de la inclusión de diversos delitos fiscales en el catálogo de delitos graves a los que se les aplica la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y que sean equiparados con delincuencia organizada.

Por lo que la prisión preventiva oficiosa seguirá presente en el Sistema Penal Mexicano.

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