Con planes A, B y C para la reforma electoral, Adán Augusto, Morena y aliados van por la extinción de organismos electorales

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Foto; EFE, Madla Hartz

Por José Gerardo Mejía

El titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, y las bancadas en la Cámara de Diputados de Morena, PVEM y Partido del Trabajo circularán este miércoles el dictamen para la reforma electoral que propone la desaparición de los organismos electorales.

Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en San Lázaro, reiteró en un comunicado el 17 de noviembre pasado que presentará la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

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Resaltó que el dictamen, estructurado con la propuesta del Ejecutivo federal, se pondrá a votación, sin importar la marcha de apoyo al INE y el anuncio de PAN, PRI y PRD de votar en contra, tema que, incluso, resucitó la alianza “Va por México”.

De acuerdo a la iniciativa que envió López Obrador a la Cámara de Diputados el 28 de abril pasado, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), sustituiría al INE en cuanto se valide la elección de los siete integrantes del nuevo organismo.

López Obrador propone el cese inmediato de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes antes de irse, tendrían el mandato de organizar la elección ciudadana que elegirá a los consejeros del nuevo organismo.

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y uno de los artífices de la iniciativa de reforma electoral, confirmó a Latinus vía WhatsApp que el actual Consejo General del INE será la autoridad encargada de organizar los comicios para elegir a los consejeros del INEC.

De acuerdo a la bancada de Morena, se prevé que el dictamen sea discutido y aprobado con sus aliados, que son mayoría, en comisiones el próximo lunes 28 de noviembre.

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Al día siguiente pasaría al pleno en el que se requieren 334 votos para ser aprobada en caso de que asistan todos los diputados, así se concretaría el plan A del gobierno federal y sus bancadas.

Para lograrlo, Morena, PVEM y PT requieren de 58 sufragios de legisladores de la oposición, como ocurrió con la mayoría priista que avaló la legislación que extendió la presencia militar en las calles al 2028.

De concretarse este escenario, más de 22 mil trabajadores de los organismos electorales quedarían en riesgo de perder su empleo: 16 mil del INE; cuatro mil 585 de los Organismo Público Local Electoral (OPLE) y mil 500 de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sobre el INE, la iniciativa del presidente López Obrador indica que los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales serán absorbidos por el INEC, y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado será el filtro.

En otro transitorio se establece que en el caso de los OPLE, que “forman parte del Servicio Profesional Electoral, podrán ser transferidos al INEC”, con el respeto a sus derechos laborales, sin establecer que serán recontratados.

Con este criterio, sólo serían considerados dos mil 571 empleados del INE y 759 de los OPLE, de acuerdo a datos proporcionados por la autoridad electoral.

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Tan solo en las elecciones federales de 2021 los OPLE contrataron 73 mil 437 personas de forma temporal.

La iniciativa también considera la reducción de diputados federales de 500 a 300; senadores de 128 a 96, además de que en los congresos locales habría 459 legisladores locales menos y un recorte en las prerrogativas a los partidos políticos, puntos en los que hay coincidencias con la oposición.

El Ejecutivo federal tenía prevista la aprobación de esta iniciativa en ambas cámaras desde el pasado mes de septiembre, para elegir a los nuevos consejeros en febrero de 2023. Pero las críticas de la oposición que derivaron en marchas de ciudadanos y organizaciones civiles en varias ciudades del país el pasado 13 de noviembre cambiaron la suerte de la propuesta del presidente López Obrador.

Plan B de Morena

Tanto López Obrador como Mier Velazco han reconocido que no tienen los votos suficientes para aprobar el dictamen, por lo que impulsan un plan B, a través de una reforma a siete leyes secundarias en materia electoral.

Entre los puntos principales, está la cancelación en la duplicidad de funciones entre el INE y los OPLE, reasignación de espacios públicos como sedes municipales para que operen los módulos de credencialización y la utilización de urnas electrónicas en entidades con un menor número de electores.

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Ayer martes, el diputado de Morena, Hamlet García Almaguer puso como ejemplo “direcciones como capacitación y organización son funciones hermanas que pueden llevarse a cabo en una sola área”.

“Hay 700 millones de pesos para la renta de inmuebles, y en el caso del INE hay inmuebles que están desocupados y universidades, bibliotecas y municipios que pueden ocuparse para poner los módulos del INE y alternativos para acudir a los tribunales”, explicó.

Hamlet Almaguer confirmó que este miércoles circulará el dictamen a los diputados de las comisiones unidas de Gobernación y Población; Puntos Constitucionales y de reforma político-electoral.

Diputados de Morena consultados confirmaron que la reforma a siete leyes secundarias se revisa en el Palacio de Bucareli con Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación, Mier Velazco, y los diputados del PRI, Rubén Moreira y Alejandro Moreno.

Incluso, el secretario de Gobernación publicó un tuit el martes en el que destaca que está “en la oficina revisando el borrador de la iniciativa de reforma a las leyes secundarias en materia electoral”.

En cambio, diputados de oposición e incluso de Morena y PT que integran el Grupo plural designado para estos trabajos (a propuesta de Mier Velazco), confirmaron que no fueron considerados para participar en estas reuniones.

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Este grupo de 21 legisladores tenía previsto reunirse desde el pasado 9 de noviembre, pero a la fecha no hay registro de algún encuentro; desde su conformación, el emecista, Salvador Caro lo calificó como una farsa.

Plan C: aval a AMLO a cambio de dos consejeros

Diputados de oposición y de Morena confiaron que la negociación que ventiló Movimiento Ciudadano, entre el titular de Gobernación y la bancada del PRI, iba enfocada a sumar votos a favor de la iniciativa del Ejecutivo federal.

De acuerdo a esta versión, verificada con legisladores que estuvieron en esas conversaciones, en la bancada tricolor mostraron disposición de aprobarla con algunas modificaciones, además de poder elegir dos de los cuatro consejeros que formarán parte del Consejo General del INE.

José Roberto Ruiz Saldaña, Adriana Favela, Ciro Murayama y el consejero presidente, Lorenzo Córdova, dejarán su lugar en el Consejo General del INE el próximo 3 de abril.

Por ello, el domingo pasado, en un evento público celebrado en Puebla, Mier Velazco dijo que “la patria no se vende, se defiende, no vamos a estar de rodillas, vamos a actuar con dignidad y que voten ( el dictamen) en contra, pero tenemos el plan B, no se van a salir con la suya”.

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“Y nos dicen, sí votamos, pero danos a un consejero, no lo vamos a hacer, no vamos a ceder nada”, subrayó sin aclarar qué Grupo Parlamentario exigió un consejero, pero fuentes conslutadas confirmaron que los priistas Rubén Moreira y Alejandro Moreno exigieron no uno, sino dos consejeros.

En los últimos días, Latinus acordó en varias ocasiones una entrevista con Moreira, pero el coordinador del PRI las canceló a través de su equipo de trabajo.

El pasado fin de semana en Puebla, entidad que pretende gobernar, Mier Velazco aseguró que antes del 7 de diciembre estará aprobada la reforma a las leyes secundarias en materia electoral.

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