La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, explicó este martes que el organismo justificó la recomendación que emitió al Instituto Nacional Electoral (INE) con una masacre registrada el 7 de julio de 1952.
En reunión de trabajo ante la comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, Piedra Ibarra criticó la impunidad en casos como esa masacre, de hace 70 años, donde murieron alrededor de 500 mexicanos.
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“Acabamos de emitir una recomendación precisamente porque la impunidad no empieza ahorita, la impunidad lleva años en este país, lleva atropellos, ejecuciones extrajudiciales y por eso la recomendación que hicimos para lo del INE porque hubo una masacre terrible el 7 de julio de 1952″, dijo.
“Se manifestaban de forma pacífica y lo único que pretendían era que se respetara el derecho al voto y hubo fraude electoral. Eso no pudo pasar en este país”, agregó.
El Instituto Federal Electoral (IFE) —ahora INE— se instauró en 1990 y en el periodo donde se registró la masacre, las elecciones estaban a cargo de la Comisión Federal Electoral, que dependía de la Secretaría de Gobernación.
En su encuentro con legisladores, Piedra Ibarra también dijo que “no puede ser que se pretenda retraer al país” a los años previos a la reforma constitucional de 2011 o “que eliminemos del catálogo los derechos civiles y políticos”.
“Por eso la controversia que interpusimos en contra del INE, no es solamente para defender la facultad que tenemos de hacer pronunciamientos públicos y de hacer pronunciamientos generales, es una lucha por la afirmación de nuestra autonomía y más que eso, por la existencia misma de la CNDH y el respeto cabal de sus funciones”, justificó.
Hace unas semanas, la CNDH emitió la recomendación 46/2022 contra el INE por violaciones a derechos humanos, a la democracia y a la protesta social cometidas entre 1951 y 1965.
El Instituto Nacional Electoral (INE) respondió a la recomendación 46/2022 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e indicó que los organismos que protegen los derechos humanos no tienen competencia en los asuntos electorales, de acuerdo con la Constitución.
