EFE.- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) denunció el lunes que Keren Ordóñez lleva siete años injustamente presa, pues fue vinculada con un secuestro tras una confesión obtenida mediante torturas y amenazas de desaparecer a su hija de un mes.
Los hechos ocurrieron en diciembre de 2015, cuando Keren, originaria de Xalapa, Veracruz, salió de casa de sus padres acompañada de su hija recién nacida para dirigirse al domicilio de su entonces pareja, quien le iba a dar dinero para la manutención de la bebé.
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Una vez ahí, según los miembros del Centro Prodh que asumieron el caso, elementos de la Policía Federal y la policía de Tlaxcala detuvieron a Keren, su pareja, su hija y una cuarta persona, acusados de participar en un secuestro.
Primero, en la Fiscalía de Veracruz, fue interrogada, torturada y amenazada con hacer desaparecer a su bebé, que todavía no contaba con un acta de nacimiento.
Después, ya en Tlaxcala, la forzaron a firmar una declaración en la que se autoinculpaba de participar en el secuestro de otra mujer, a la que supuestamente cuidaba.
Mientras todo esto sucedía, ni ella ni sus padres conocían el paradero de la bebé, que había sido dada en adopción sin haberlo notificado previamente a la familia.
“Localicé a mi nieta cuando ya la habían dado en adopción. Cuando me la regresaron tenía sarna. Ahorita ya tiene siete años y la necesita (a su madre)”, dijo Siria Hernández, madre de Keren, en una conferencia de prensa en Ciudad de México.
Ella lleva siete años luchando pese a las dificultades económicas, lo que, aseguró, les ha impedido conseguir la liberación de su hija.
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“No porque seamos pobres no valemos. Si los abogados de oficio hubiesen hecho su trabajo ya estaría fuera”, lamentó.
Después de un proceso judicial en el que contó con “una defensa pública inadecuada”, Keren fue condenada a 50 años de prisión, de los que ya ha cumplido siete en un penal de mujeres de Tlaxcala, expuso Neftalí Pérez, integrante del Centro Prodh.
Al contrario, su entonces pareja fue condenado a sólo cuatro años de prisión, al enfrentarse a un proceso judicial diferente por ser menor de edad.
“Keren, por ser encontrada culpable por los mismos delitos, fue condenada a 50 años. Eso es discriminación por motivos de género“, prosiguió Melissa Zamora, también miembro de la organización.
Además, añadió Zamora, en el proceso no se tuvo en cuenta la especial vulnerabilidad en la que se encontraba y se empleó “su identidad de mujer joven y madre para vincularla con el rol de cuidadora de la persona secuestrada”.
Ahora, a Keren le han otorgado un amparo directo, que abre la puerta a que el juzgado de Apizaco (centro de Tlaxcala) que la condenó revise su caso.
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A pesar de que se trata de una buena noticia para este caso, desde el Centro Prodh alertaron que hay más mujeres en la misma situación en los estados mexicanos, donde no llegan los esfuerzos federales. “Con este caso queremos reflejar una problemática mucho más grande”, sentenció Pérez.
