La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) hizo un llamado este viernes para que la reforma electoral que será discutida en el Congreso de la Unión retome la experiencia obtenida durante los 30 años de organización de elecciones.
“Consideramos que la discusión sobre una nueva y eventual reforma político-electoral debe recuperar los antecedentes históricos de nuestra transición democrática (…) Los miembros de la JGE manifestamos nuestra plena disposición a colaborar en las deliberaciones o procesos de toma de decisión sobre aspectos técnicos y procedimentales en materia electoral”, expresó la Junta Ejecutiva.
Lee también: Manifestantes irrumpen en las oficinas del INE y expresan su apoyo a la reforma electoral de AMLO
La Junta General Ejecutiva del organismo electoral se encarga de proponer al Consejo General las políticas y los programas generales del INE, así como fijar los procedimientos administrativos y supervisar el cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de Electores.
“Este órgano, con el apoyo de personas especialistas en la materia electoral, incluyendo el servicio profesional electoral de carrera, organizó 18 procesos electorales nacionales de 1991 a 2012. A partir de 2014, ya como INE, ha conducido más de 330 elecciones nacionales y locales”, explica.
La JGE destacó que, gracias a su labor, se ha garantizado la organización de elecciones con certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad, con lo que se han celebrado comicios libres de fraude.
El presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa una reforma electoral que contempla, entre otras cosas, la elección de consejeros a través del voto popular.
Te puede interesar: Gobernadores de la 4T expresan su apoyo a la reforma electoral de AMLO: “Es para fortalecer al INE”
La iniciativa del Ejecutivo ha ocasionado críticas desde distintos sectores de la población, al acusar que, de aprobarse, el INE correría el riesgo de desaparecer.
Por ejemplo, el Consejo de Europa criticó la reforma al asegurar que corre el riesgo de cuestionar un sistema que ha conseguido la confianza de los ciudadanos y porque las nuevas instancias propuestas no ofrecen garantías.
“Modificar un sistema que funciona bien en general y que goza de la confianza de las diferentes partes después de varios ciclos electorales y de años de evolución democrática, hace correr de forma inevitable el riesgo de que esa confianza se tambalee”, señala.
