El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) acusó a los cuatro militares detenidos por el caso Ayotzinapa de buscar confundir luego de que presentaron una denuncia penal por la supuesta fabricación de pruebas en el informe que presentó la Segob de los avances en la investigación de los 43 normalistas desaparecidos.
“Con anuencia del mando, militares acusados en Ayotzinapa buscan confundir. La no verificación de partes del informe Covaj no resta valor a pruebas de acusación sobre colusión entre narco y 27 Batallón”, señaló la organización en un comunicado.
Ayer, Alejandro Robledo Carretero y Cesar Omar González Hernández, abogados defensores del general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y del sargento Eduardo Mota Esquivel, anunciaron que presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable por la presentación de datos no verificados en el informe armado por las autoridades federales.
Lo anterior luego de que Encinas aceptó que en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) incluyó 467 capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, entre supuestos criminales y funcionarios, que no fueron verificadas, por lo que podrían haber sido fabricadas.
Sin embargo, el Centro Prodh recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe IV del caso Ayotzinapa reveló conversaciones que muestran la relación entre el grupo criminal Guerreros Unidos y militares en Guerrero.
El pasado 31 de octubre, el GIEI afirmó que si bien se demostraron las inconsistencias de las capturas de WhatsApp incluidas en el informe de Encinas, este no fue utilizado para la judicialización de los casos que llevó a cabo la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), con las que se giraron 83 órdenes de aprehensión, entre ellas contra los cuatro militares.
Además, Angela Buitrago, investigadora del GIEI, aseguró que existe evidencia de que numerosos miembros del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, estuvieron al tanto de lo que pasó la noche del 26 de septiembre de 2014, día que desaparecieron los 43 normalistas.
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“Fueron testigos de las detenciones, no actuaron para su protección, mientras tenían reportes de inteligencia de lo que estaba pasando y además controlaban al C4”, criticó.
Incluso el propio general coronel José Rodríguez Pérez—uno de los militares vinculado a proceso por el caso Ayotzinapa— fue recriminado internamente bajo un informe de la junta regional de inteligencia por su falta de actuación para ayudar a los jóvenes, señaló la investigadora.
