Reuters.- Un juez del estado de Nueva York ordenó este jueves que se nombre un perito independiente para supervisar los estados financieros de la Organización Trump después de que el fiscal general del estado había presentado una demanda de fraude contra la compañía del expresidente de Estados Unidos para ir a juicio.
El juez, Arthur Engoron, que preside la demanda de 250 millones de dólares presentada por la fiscal general del estado, Letitia James, acusa al expresidente de Estados Unidos de fraude.
El mes pasado, Letitia James le pidió al juez con sede en Manhattan que nombrara un organismo de control para detener el fraude “asombroso” en la empresa y evitar la compañía de Trump transfiriera activos fuera de su alcance.
Citando las “tergiversaciones persistentes” a lo largo de las declaraciones de la situación financiera de Trump de 2011 a 2021, Engoron calificó la designación de un perito como “el mecanismo más prudente y estrictamente diseñado para garantizar que no haya más fraude o ilegalidad” que viole la ley estatal que James está tratando de hacer cumplir.
En la audiencia del jueves sobre si se necesitaba un perito, Arthur Engoron se centró en la acusación de Letitia James de que en 2015 Trump dijo que su departamento, que está en la Torre Trump de Manhattan, casi triplicaba precio real, lo que le otorgaba una valoración inflada de 327 millones de dólares.
“Dijiste que los expertos pueden estar en desacuerdo” sobre la valoración, le dijo el juez a Christopher Kise, abogado de Trump. “Pero, ¿llega a un punto en el que no se trata simplemente de un desacuerdo (…) sino de mala fe?”.
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Christopher Kise argumentó que la demanda del fiscal general de un perito era una “emergencia fabricada” antes de las elecciones de mitad de período del próximo martes que determinarán qué partido controla el Congreso de los Estados Unidos. Kise también dijo que James no tiene autoridad legal para cuestionar cómo Trump valoró sus propiedades, calificándolo como un asunto privado entre la compañía de Trump y sus prestamistas y aseguradoras.
“Simplemente, no hay interés público aquí en absoluto”, dijo Christophe Kise, calificando el presunto fraude como una cuestión de “titanes corporativos versus titanes corporativos”.
Kevin Wallace, un abogado de la oficina de James, respondió que es importante para el público mantener un “ambiente comercial honesto y justo” en el estado.
La Organización Trump administra hoteles, campos de golf y otras propiedades inmobiliarias en todo el mundo, y James las ha investigado durante más de tres años.
