El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes que le va a pedir al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, atender el conflicto de la cooperativa Cruz Azul para reactivar la planta cementera que se encuentra en Tula, Hidalgo.
En conferencia en Baja California Sur, López Obrador indicó que esta intervención en el conflicto será porque se está perjudicando a los trabajadores en un pleito de directivos. “Le voy a pedir que atienda este asunto, que hable con las partes a ver si logramos conciliarlos”, sostuvo el mandatario.
“Por esos pleitos de los de arriba se perjudica a los de abajo, a los trabajadores (…) Entonces hay muchos trabajadores que no están recibiendo salarios”, apuntó.
El presidente López Obrador aclaró que esta intervención será porque los trabajadores lo abordaron cuando visitó Tula y le plantearon el problema comentándole en la planta no hay energía eléctrica y se encuentra parada su producción.
“Acabo de estar en Tula, y ahí me abordaron, me plantearon el problema, una de las partes, me comentaron lo de la falta de energía en la planta, se trata de un juicio que se tiene en lo legal, y hay una orden del juez para no permitir que siga trabajando esa planta de Cruz Azul”, aseguró.
Actualmente, el expresidente de la Cooperativa Cruz Azul, Billy Álvarez, se encuentra prófugo de la justicia, ya que enfrenta una orden de aprehensión federal por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que fue emitida por un juez federal con sede en el penal en Almoloya, Estado de México.
Por su parte, el cuñado de Billy Álvarez, Víctor Garcés, —exdirectivo jurídico de la cooperativa— en julio fue vinculado a proceso por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que esta vinculación a proceso se da tras una investigación que realizó el Ministerio Público de la Federación (MPF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Las autoridades descubrieron operaciones simuladas a empresas fachadas por más de 114 millones de pesos, ocultando el origen de su procedencia.
Víctor Garcés también está acusado por el delito de falsedad ante autoridades en 2017. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México indicó que Garcés habría cometido este ilícito en marzo de 2017, derivado del inicio de una carpeta de investigación por el probable delito de trata de personas.
