Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), reconoció que los mensajes de WhatsApp que presentó como datos de prueba en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa sobre la desaparición de los 43 normalistas no fueron verificados, por lo que podrían no ser reales.
En entrevista con The New York Times, Encinas admitió que no consiguió verificar muchas de las capturas de pantalla de supuestas conversaciones entre integrantes del crimen organizado y funcionarios, sobre lo que pasó con los normalistas, por lo que tuvo que desechar varias de ellas.
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Aseguró que “no tienen elementos suficientes” para acreditar que los mensajes de 467 capturas de pantalla son reales y que la fuente que se los proporcionó los podría haber fabricado.
Además, Encinas no compartió las capturas de WhatsApp con la Fiscalía General de la República (FGR) a pesar de que las autoridades pudieron haber realizado un análisis forense para verificar la autenticidad de los mensajes, señaló el medio estadounidense.
Los mensajes que presentó la Segob en su informe fueron cuestionados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes aseguraron que difieren con lo que habían detectado con otras comunicaciones interceptadas.
Ángela Buitrago, investigadora del GIEI, aseguró al Times que están haciendo una verificación de los mensajes que presentó Encinas y que a finales de mes publicarán su propio análisis.
En septiembre, la investigadora adelantó en conferencia de prensa que estaban haciendo una corroboración de los mensajes que presentó la Segob y aseguró que otras comunicaciones están en poder del Ejército, pero se han negado a compartirlas.
Según The New York Times, Encinas no tuvo tiempo para corroborar la información del informe debido a presiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió que este año resolvería el caso Ayotzinapa.
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Incluso el funcionario reconoció que en febrero viajó a Israel para reunirse con Tomás Zerón, exdirector de la Agencia Federal de Investigación (AFI), para solicitarle información sobre el paradero de los normalistas a cambio de “apoyo del presidente”, pero no logró llegar a ningún acuerdo.
Las presiones del gobierno federal también provocaron que Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, urgiera al fiscal especial del caso, Omar Trejo, preparar una orden de aprehensión contra Jesús Murillo Karam, exprocurador de general República.
Aunque Omar Trejo pidió más tiempo para preparar pruebas, Gertz Manero se lo negó, aseguraron personas enteradas al Times, lo que provocó que el caso se judicializara de forma débil y la renuncia del fiscal especial.
A ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Norma Rural de Ayotzinapa, ocurrida en el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, los padres siguen buscando a sus hijos y exigiendo justicia por el caso.
