AP.— La Fiscalía peruana anunció el miércoles que investiga preliminarmente al ministro de Salud, Jorge López, involucrado en un nuevo caso de presunta corrupción, distinto al que ha provocado la indagación contra el mandatario Pedro Castillo, su familia y otros funcionarios de alto rango.
López es el séptimo ministro del actual gobierno investigado. No se ha oficializado su renuncia pese a que Castillo anunció su remoción el domingo para “demostrar absoluta transparencia” de su gestión, la cual es la primera en la historia peruana en la que un presidente en actividad es investigado por presunta corrupción.
En la víspera, el ministro López cargó junto a 31 personas el altar del Señor de los Milagros, la más famosa procesión católica en Perú que pasó por la puerta de su secretaría, mientras, al mismo tiempo, en una zona cercana los fiscales incautaban un pequeño departamento que la madre de sus hijos compró. Los fiscales sospechan que el departamento fue adquirido con dinero ilícito.
La televisora local Latina difundió el domingo que seis trabajadores del ministro fueron obligados a recibir en total 24 mil 800 dólares en efectivo, pertenecientes a López, para que cada uno vaya a diferentes oficinas bancarias y lo depositen en la cuenta de la expareja del ministro.
También se indicó que un conocido empresario que brinda servicios de salud depositó 70 mil dólares a su expareja. Todo ese dinero fue usado para comprar el departamento incautado, según la Fiscalía.
López niega que el dinero sea producto de actos ilícitos. Otros seis ministros, incluidos el primer ministro, Aníbal Torres, tienen investigaciones preliminares de la Fiscalía por diversos presuntos delitos, incluidos corrupción y organización criminal.
Castillo y la fiscal general, Patricia Benavides, se han denunciado mutuamente ante el Parlamento. Benavides quiere acusar ante un juez a Castillo, pero no puede hacerlo porque la constitución se lo impide de forma expresa.
El presidente dice que Benavides quiere ejecutar “una nueva modalidad de golpe de estado para sacarlo del poder”, mientras que desde la Fiscalía los investigadores afirman que poseen 190 elementos que sustentan su denuncia contra el mandatario.
En Perú, un presidente no puede ser acusado durante su gobierno porque la Constitución en su artículo 117 dice que eso sólo ocurre en caso de traición a la patria, disolución del parlamento por casos diferentes a los permitidos o no convocar a elecciones o por impedir el funcionamiento del parlamento o de los organismos electorales.
Al mismo tiempo, la fiscal general tiene cinco investigaciones preliminares contra Castillo por los presuntos delitos de organización criminal y corrupción. La fiscal afirma que el mandatario dirige un grupo, que incluye a la primera dama, otros familiares y algunos funcionarios, que se aprovechan de sus influencias para obtener beneficios económicos en obras públicas.
Castillo ha sobrevivido a dos intentos fallidos de destitución desde el Parlamento, que goza de enorme impopularidad, en 14 meses de gobierno. Su gestión ha realizado 70 cambios en los 19 ministerios de su gabinete, lo que ha provocado la parálisis de las políticas públicas necesarias para luchar contra la pobreza, delincuencia e impulso de los servicios de salud, según los expertos.
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El presidente recurrió la semana pasada ante la Organización de Estados Americanos para “preservar el legítimo ejercicio del poder” en Perú y el organismo anunció que enviará una misión para analizar la situación local.
El gobierno de Castillo inició el 28 de julio de 2021 y finaliza en 2026.
