Habitantes de Quintana Roo demandan a la minera Calica por daños al medio ambiente y a su salud

Pobladores interponen demanda colectiva contra la minera Calica por daños al medio ambiente y a la salud
Foto: Cuartoscuro

Habitantes del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, presentaron ayer una demanda colectiva contra la empresa Calica, la empresa estadounidense que tiene una mina en esa región, por daños al medio ambiente y a su salud.

La demanda fue interpuesta ante un Juzgado de Distrito, con sede en Cancún, donde los pobladores acusaron que Calica ha infringido su derecho a un ambiente sano y libre de contaminación, así como el derecho superior de las niñas y los niños a un desarrollo saludable. 

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Durante la presentación de la demanda, Quetzal Tzab, representante de la acción colectiva, señaló que estudios del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y del Instituto de Ecología y Cambio Climático, revelaron que la mina emite contaminantes perjudiciales para los pobladores y para el ecosistema.

Señaló que la mina, que abarca cerca de 2 mil 400 hectáreas, ha provocado deterioro en la calidad de agua, pérdida de biodiversidad, así como afectaciones a la salud de los niños de las comunidades y escuelas aledañas. 

Por su parte, Raúl Benet, asesor ambiental de los pobladores, enfatizó que por más de 30 años la mina ha liberado a la atmósfera y al mar polvo calizo, el cual es dañino para la salud. 

En tanto, Lucely Tuz Tun, maestra y habitante de la zona aledaña a la mina, exigió que Calica asuma su responsabilidad y haga lo necesario para revertir los daños ambientales. 

En abril, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que el gobierno federal llegó a un acuerdo con la empresa minera Vulcan Materials para que su filial, Calica, detenga la extracción de material pétreo y construya un parque natural en Playa del Carmen, que beneficie al Tren Maya.

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Sin embargo, para los pobladores las medidas del gobierno, aunque son necesarias y urgentes, no son suficientes, y exigen que la empresa pague o lleve a cabo las acciones que dicte el juez.

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