Gobierno de Guanajuato incumplió en otorgar protección a un defensor de los derechos humanos: CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación este martes para el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, por incumplir con los mecanismos de protección a personas defensoras de derechos humanos.

En un comunicado, la CNDH informó que esta recomendación también es para el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Coordinador Ejecutivo Nacional (CEN) del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque Palazuelos, debido a que no hay respuesta en la protección de una víctima que denunció agresiones y hostigamiento por parte de autoridades del estado desde el 2020.

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La CNDH indicó que la víctima tuvo una reunión con las autoridades el 30 de mazo del 2021 para que le fuera dada una respuesta a la medida que solicitó, pero que hasta la fecha no se ha realizado ninguna acción para brindarla, y por ende está indefenso frente cualquier tipo de agresión.

Ante la situación, la Comisión pidió a las autoridades realizar una investigación y dar seguimiento a las denuncias que se han hecho por el caso, debido a que se violaron los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad, por incumplimiento de la debida diligencia y de cuidado derivado de la inobservancia de las obligaciones que le corresponden.

“La Comisión Nacional solicitó a las autoridades señaladas que se colabore en la presentación y seguimiento de las denuncias administrativas ante las autoridades competentes, a fin de que se realice la investigación respectiva y se resuelva lo que conforme a derecho proceda”, se lee en el comunicado.

La CNDH pidió que se instruyan inmediatamente acciones para garantizar la protección que solicitó la víctima, así como impartir cursos para los servidores públicos de las dependencias para prevenir este tipo de hechos.

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“Se solicitó que cada una de las autoridades diseñen e impartan cursos integrales de capacitación dirigidos a las personas servidoras públicas involucradas (…) los cuales deberán impartirse por personal calificado y con suficiente experiencia en derechos humanos, en los que se incluya el programa, objetivo, actividades, currículos de las personas facilitadoras y listas de asistencias”, apuntó la Comisión.

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