Un juez federal en Tamaulipas otorgó este viernes a Francisco Javier García Cabeza de Vaca una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En su fallo, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas determinó que se concedía la suspensión definitiva a García Cabeza de Vaca “para el efecto que una vez que sea aprehendido, quede a disposición de este Juzgado de Distrito en el lugar en que sea recluido”.
De acuerdo con el juez, su decisión se debe a que los delitos de los que se acusa al exgobernador, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, no permiten la libertad provisional bajo caución.
“Se concede la suspensión definitiva al quejoso en términos de los artículos 138, 147, 162 y 163 de la Ley de Amparo, para el efecto que una vez que sea aprehendido quede a disposición de este Juzgado de Distrito en el lugar en que sea recluido, en cuanto a su libertad personal se refiere, y del Juez de la causa para la continuación del procedimiento el cual es insuspendible por ser de orden público, sin perjuicio de que el citado Juzgado disponga el lugar de reclusión, debiendo informarlo a este órgano jurisdiccional”, se lee en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2477/2022.
Cabe apuntar que el pasado 14 de octubre, el mismo Juzgado de Distrito en Tamaulipas otorgó a García Cabeza de Vaca la suspensión provisional contra la orden de aprensión al considerar que el delito por el que se libró no requiere prisión preventiva oficiosa.
“Para el caso que el ilícito sí requiera prisión preventiva oficiosa, se concede la suspensión provisional solicitada para el único efecto que, una vez que sea ejecutado el acto reclamado, al impetrante de amparo quede a disposición de este Juzgado de Distrito en el lugar en que sea recluido, en cuanto a su libertad personal se refiere”, se lee en el fallo.
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El juez también pidió al exgobernador entregar una garantía de 50 mil pesos dentro de un plazo de cinco días para que la suspensión provisional no deje de tener efecto, indicando que esta cantidad puede ser modificada dependiendo de las pruebas que presenten las autoridades.
